Accidente aéreo deja personas heridas en aeropuerto internacional de Loreto
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Accidente aéreo deja personas heridas en aeropuerto internacional de Loreto

2 de los heridos fueron evacuados al Hospital Regional de Loreto y los otros 2, al Hospital de Apoyo de Loreto

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A las 13:30 horas aproximadamente, se produjo un accidente aéreo de un avión comercial perteneciente a la empresa AerCaribe en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, ubicado en el distrito San Juan Bautista, provincia Maynas (Loreto).

Al respecto, los centros de operaciones de emergencia del gobierno de dicha región y del Ministerio de Salud informaron preliminarmente que, hasta el momento, se tiene 4 personas heridas como consecuencia de este evento. Sin embargo, las autoridades competentes continúan evaluando los daños.



Ante esta situación, personal de la Direccion Regional de Salud Loreto, se desplazó a la zona del accidente con 3 ambulancias y 2 camionetas, lo cual permitió que 2 de los heridos sean evacuados al Hospital Regional de Loreto y los otros 2, al Hospital de Apoyo de Loreto.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de la situación y permanece en constante comunicación con las autoridades regionales y locales para el desarrollo de las acciones de respuesta y atención de las emergencias.

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La lucha de Camila, la niña que fue violada y obligada a llevar un embarazo a los 13 años

La menor fue ultrajada por su propio padre desde que tenía 9 años. Familiares denuncian que centro de salud no les informó sobre acceso a aborto terapéutico. Sufrió una pérdida natural y fue denunciada por autoaborto. Familia denunció al Estado peruano ante la ONU

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Desde que se enteró que estaba embarazada, Camila (llamada así para reservar su identidad) dijo que no quería ser mamá a los 13 años. Había callado desde los 9 años, cuando su propio padre empezó a abusar sexualmente de ella. Calló porque tenía miedo, porque no entendía lo que pasaba, porque era una niña. Durante seis años fue agredida sexual y psicológicamente por su padre. Un calvario que pasó a ser peor cuando se enteró que estaba embarazada de su violador. “Ella tenía 13 años y desde ese momento expresó su deseo de no querer ser madre. Dijo que prefería la muerte antes de ser madre en ese momento, pero nadie la escuchó y no le informaron del aborto terapéutico”, cuenta a El Comercio la abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, Gabriela Oporto.

El sufrimiento de Camila ha sido la consecuencia de una cadena de negligencias que Promsex ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar justicia. “Estamos diciendo al comité que el Estado peruano ha vulnerado los derechos de Camila y que, en consonancia con eso, no solo se le repare integralmente sino que además se adopten medidas para que no se repita. Camila quiere que esto no vuelva a pasar con esta niña. El Estado peruano ya ha sido condenado en casos anteriores por vulnerar los derechos de las menores, pero pese a ello continúa”, refiere Oporto.



Nadie escuchó a Camila
Camila vivía en una zona rural de la sierra del Perú, junto a su padre, un trabajador de campo, y su madre, quien sufre de una discapacidad severa. Todos son quechuahablantes. A los 13 años, al enterarse de su embarazo, Camila le contó a la policía que había sido abusada sexualmente por su padre desde los 9 años. La fiscalía abrió proceso por el caso y ordenó su detención preliminar y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

Pese a que la mamá de Camila solicitó al centro médico de la zona interrumpir el embarazo de su hija, el hospital no respondió al pedido y condicionó su respuesta a la presentación de un informe médico, una ecografía y otros exámenes. No le informaron que, desde 1924 en el Perú se estableció el aborto terapéutico para casos que pongan en riesgo la vida o salud de la gestante.

“Desde el 2014 tenemos un protocolo que establece en qué situaciones debe ser realizado el aborto terapéutico, en ningún momento ni Camila ni su madre son informadas de este procedimiento. Lo primero es que era una niña víctima de violencia sexual, al ser una niña tiene más riesgo de muerte que una adulta, por ser violación tiene una afectación fuerte a la salud mental. Es el personal del centro de salud que tiene la obligación de informar a la ciudadanía. además, las comunicaciones entre el personal de salud y la madre se llevan en castellano y ella es quechuahablante. El personal del centro de salud estaba más concentrado en la conservación del embarazo. Le dieron ácido fólico y no se tiene en cuenta que desde el inicio la niña manifiesta que no quiere ser mamá y que incluso prefiere la muerte antes de convertirse en madre. Es más, la niña no comía no tomaba agua, estaba deprimida, y cuando le dicen que debe alimentarse es por cuidar el embarazo”, agrega Oporto.

Según informa Promsex, a las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea. Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales.

Ante ello, la Fiscalía basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, la denunció por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

Luego de tres años, Camila logró librarse de la acusación. Tuvo que mudarse porque la comunidad en donde vivía empezó a maltratarla psicológicamente. Dejó los estudios, pero ahora los ha retomado y este año podrá terminar la secundaria.

Según Promsex, el proceso ante la ONU podría tardar un par de años. Primero, se debe notificar al Estado Peruano sobre la demanda y evaluar si es admisible y pedirá los argumentos de fondo para ambas partes en una audiencia.

Al respecto, fuentes de la Procuraduría General del Estado informaron a El Comercio que el proceso a seguir en este caso es que la demanda debe ser enviada desde la ONU a la Cancillería del Perú y, finalmente, a la Procuraduría General del Estado. El tiempo de notificación al Estado peruano no tiene fecha estimada, eso depende mucho de la gestión de la Organización de Naciones Unidas. Indicaron que podría tomar entre 6 meses, 1 año o más para que toda la información llegue a la Procuraduría. En ese sentido, aseguraron que “desde la entidad no podemos emitir opinión alguna hasta que no se tenga la notificación formal, a fin de ver el caso objetivamente”.

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PJ de San Martín declara improcedente habeas corpus a favor de Antauro Humala Tasso

Demandante pretendió presentar documento para solicitar nulidad de sentencia

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La Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba (San Martín), integrado por los magistrados Juan Carlos Paredes Bardales, Heriberto Gálvez Herrera y Rigoberto Arturo Campos Salazar, confirmó resolución de primera instancia que declaró improcedente liminarmente (de plano) la demanda constitucional de habeas corpus presentada por la ciudadana Rosa Delia Cárdenas Bartra y otros a favor del sentenciado Antauro Igor Humala Tasso, interno del establecimiento penitenciario Ancón II de Lima.

Asimismo, el colegiado exhortó al abogado César Ormaeche Milla, defensor de Humala Tasso, a respetar los principios que informan la actuación profesional de los abogados patrocinante de conformidad con el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



La resolución judicial señala que el demandante pretende que el órgano jurisdiccional a través del proceso de habeas corpus declare la nulidad de la sentencia emitida el 16 de setiembre de 2009 por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, en el Expediente No. 20-2005-A, que condenó a Humala Tasso como coautor de los delitos de homicidio simple, rebelión y otros.
Además, busca anular la Ejecutoria Suprema recaída en el R.N. 890-2010 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expedida el 23 de junio de 2011, que declaró no haber nulidad en la sentencia de primera instancia.

Estos pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria, que finalmente impusieron la condena de 19 años de pena privativa de libertad a Humala Tasso, merecieron en su momento la interposición de una demanda de hábeas corpus en el Expediente No. 2255-2018-HC/TC, la cual fue declarada improcedente.

Esto significaba, dice el tribunal de San Martín, que la sentencia condenatoria por los delitos de homicidio simple, rebelión y otros, resulta válida y legítima.

Asimismo, considera que el proceso de habeas corpus no constituye la vía idónea o adecuada para que el interno, a sola invocación de la vulneración de sus derechos fundamentales asociados a la vida, la libertad y la salud, tenga una decisión favorable.

De igual modo, recuerda que el Código Procesal Constitucional establece de manera clara, expresa e inequívoca en su artículo 5° que “No procede los procesos constitucionales cuando los hechos del petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

En tal sentido, señala que es abundante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha seguido en este criterio, como la sentencia recaída en el Expediente No. 6818-2007-PHC/TC (Caso Víctor Esteban Camarena) que en su fundamento 12 estableció que es válido rechazar liminalmente (de plano) una demanda de habeas corpus, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido.

Por ello, la Sala decidió confirmar el auto de primera instancia, de fecha 14 de setiembre de 2020, que declaró improcedente la demanda interpuesta por Rosa Delia Cárdenas Bartra favor de Humala Tasso.

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3 pasos para entender lo que pasó ayer en el “Chongreso” con los profes (y si tiene solución)

La temporada electoral ya inició y desde el Congreso empezarán a aprobar cualquier ley que le pueda ayudar a ganar los votos de la gente. Y mejor si son 14 mil votos, como el de los 14 mil profesores sin título que el Congreso quiere reincorporar a los colegios

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1. Así nació todo

La historia de este caso empezó hace más de 20 años. Aquí te la resumimos para que entiendas por qué tenías profes que solo te dejaban ‘dibujo libre’ cuando se perdían durante toda la clase:



1984: Por la falta de docentes, se permitió que personas sin título pedagógico ejercieran la docencia. Así nacieron los profes interinos.
2007: Se inició la carrera pública magisterial que permitía que solo se podía ingresar a través de un concurso.
2012: Ante tantas protestas de los profes interinos, el Ejecutivo les dio dos años para titularse. Muchos de ellos no lo hicieron por X motivos (por ejemplo, porque decían que el tiempo «fue muy corto»).
2014: Aún así, el gobierno les dio más oportunidades que tu profe de Religión y realizaron una evaluación excepcional para profesores sin título pedagógico.
De los 14 mil 863 interinos que existían a nivel nacional, solo 5 mil 315 se inscribieron a la prueba. Y solo 546 aprobaron e ingresaron a la Carrera Pública Magisterial.

2. En búsqueda de 14 mil votos
El Tribunal Constitucional ya declaró constitucional el despido de profesores interinos. Tomaron en cuenta los plazos que se les dieron para titularse, los principios que rigen el acceso y permanencia en la función pública, y las obligaciones del Estado de prestar un servicio de calidad.

A pesar de eso, el Congreso pasado revivió la intención de volver a meter a esos 14 mil en los colegios. Los olvidables Velásquez Quesquén (Apra) y Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) junto al fallecido Mario Canzio y Edgar Ochoa (Nuevo Perú) fueron los autores de las propuestas para regresar a esos profes a los coles. Al final, se fusionaron en un dictamen.

Ese dictamen estaba olvidado hasta ayer, cuando lo revivió Fernando Meléndez, de Alianza Para el Progreso.
Y lo aprobaron con 107 votos gracias a los congresistas de estos partidos que quieren asegurarse 14 mil votos para el 2021.

3. ¿Hay salvación para que tu bendición no esté en manos de profes sin título ni evaluación?
El Ministerio de Educación ya se pronunció en contra, por lo que se deduce que el Ejecutivo observará la ley. Tiene un plazo de 15 días para hacerlo. Entonces esta regresará al Congreso. Ahí pueden pasar dos cosas:

  • o muere en el olvido.
    o el Congreso la aprueba por insistencia.

Paralelamente el Ejecutivo puede llevar la ley al Tribunal Constitucional, la misma institución que ya declaró c o n s t i t u c i o n a l la Ley de carrera Pública Magisterial.

La exministra de Educación, Flor Pablo, está en contra de esta ley del Congreso porque atentar contra la meritocracia de los actuales profesores y ha propuesto «explorar otras formas de evaluar su situación y plantearles un examen especial, previa preparación».

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