Vecinos del A.H Jorge Chávez solicitan reubicación del penal

Al ser impedidos de construir viviendas con el programa Techo Propio
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Moyobamba. Los vecinos del sector Jorge Chávez de la ciudad de Moyobamba que fueron beneficiados por el programa de Techo Propio, y que se ven impedidos de construir sus viviendas cercanas al establecimientos penitenciario de Moyobamba, por un Decreto Legislativo N° 1229, aducen que es arbitrario, toda vez ellos cuentan con título de propiedad desde hace varios años, en todo caso sería recomendable que el establecimiento penitenciario sea reubicado en otro lugar apartado de la ciudad como en otras ciudades.

Los vecinos señalan que el mencionado Decreto Legislativo N° 1299 fue publicado el 25 de setiembre del año 2015, en la que señala que no pueden existir construcciones en el perímetro menor a 200 metros lineales; esta norma rige para la construcción de establecimientos penales nuevos como es el caso de los penales Ancón 1, Ancón 2 en la ciudad de Lima y en otras regiones del país, sin embargo en penal de Moyobamba fue inaugurado en el mes de julio del año 2011, es decir cuatro años antes que se publique el nuevo Decreto Legislativo, cuando ya existían propiedades cercanas al establecimiento penitenciario, por la cual consideran que ese Decreto Legislativo no sería aplicado en la ciudad de Moyobamba.

Consideran que un penal debería estar ubicado en una zona distante a la ciudad, no en un lugar céntrico como la que se encuentra el penal de Moyobamba, toda vez que constituye un peligro para los vecinos ante cualquier intento de fuga o motín por parte de los reos, en ese sentido, solicitan su reubicación del penal a otro lugar.

Según el Decreto Legislativo, señalada que no se podrá realizar ninguna actividad comercial, de vivienda o con fines de habilitación urbana. Ninguna empresa operadora podrá colocar antenas de telefonía móvil o satelital.

Los establecimientos penitenciarios deben prever una infraestructura que permita la operatividad de ambientes destinados al procesamiento y condena de reos por parte del Poder Judicial, Ministerio Público y órganos de apoyo.

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