Es lamentable que algunas universidades del país no hayan podido generar los gastos presupuestales para garantizar la continuidad del servicio educativo y no lo utilizan, como es el caso de la Universidad Nacional de San Martín, que ocupa en quinto lugar en la baja ejecución presupuestal.
La Contraloría General de la República, alertó que doce universidades públicas a nivel nacional pueden disponer de hasta de S/ 69 millones 971 mil 538 para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por COVID-19, sin embargo, no realizaron las modificaciones presupuestales para poder utilizar dichos recursos, y dentro de las 12 universidades se encuentra la Universidad Nacional de San Martín, ya que según el informe de control, tiene un monto máximo disponible de 3 millones 781mil 860 soles.
Cuatro meses después de que el gobierno emitiera el Decreto de Urgencia N° 053-2020, las autoridades universitarias no se han acogido a esta norma, la cual autoriza a las universidades públicas, previa modificación presupuestaria, reorientar sus recursos para para financiar su operatividad y funcionamiento mediante la adquisición de bienes y/o servicios, por ejemplo, en mejorar su conectividad, equipos informáticos, tecnologías de la información u otros que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio educativo no presencial.
Durante los servicios de control simultáneo realizados del 10 de agosto al 7 de setiembre del 2020, las comisiones de control verificaron que universidades públicas ubicadas en Lima, Arequipa, Callao, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Áncash, Ayacucho, Madre de Dios, Huánuco y Cusco no implementaron medida presupuestaria alguna para asegurar el funcionamiento del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de propagación del Covid-19.
La Contraloría General comunicó a los rectores de las doce universidades los hechos advertidos durante los servicios de control simultáneo a fin de que implementen las medidas correctivas orientadas a asegurar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por Covid-19. Los órganos de control institucional (OCI) se encargarán de realizar un seguimiento al Plan de Acción presentado por las respectivas autoridades educativas.
Otro hecho relevante es que no priorizaron sus actividades ni actualizaron la programación del gasto en su plan operativo, lo cual afectaría la adecuada reorientación de los recursos asignados para garantizar la continuidad del servicio educativo.
A ello se suma que no elaboró su plan de trabajo sugerido ni comunicó al Ministerio de Educación el contenido de dicho plan, el cual debía incluir los nombres de los responsables de las actividades priorizadas, el orden de prioridad de las actividades, así como las fechas en que debían prestarse los servicios y adquirirse los bienes requeridos. Esta situación afectaría el control y seguimiento de las actividades para asegurar la calidad del servicio educativo.
