La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha efectuado ya transferencias por un total de S/11′ 848,061 para el financiamiento de nueve organizaciones políticas integrantes del nuevo Congreso.
“Se autorizó a la Gerencia de Administración a efectuar las transferencias interbancarias de la subvención del financiamiento público directo del año 2020”, informó la institución a Perú21.
Si bien existe la posibilidad de que los beneficiarios no acepten ese dinero, “hasta el momento, ningún partido político ha rechazado el financiamiento”, precisó la ONPE.
Los fondos del financiamiento público directo pueden ser utilizados –de acuerdo a la norma– en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas.
Hasta antes de la pandemia del coronavirus, una buena parte del dinero se destinaba a gastos como alquiler de locales, reuniones políticas, pagos logísticos, viajes. Pero ahora, con las restricciones ordenadas por el Ejecutivo, ¿en qué gastan el dinero público los partidos?
Esta parece ser una cuestión que las organizaciones no pueden responder. Este diario le consultó a representantes del Partido Morado, Frente Amplio, Unión por el Perú, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso y nadie absolvió la pregunta. Solamente Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, aseguró que su organización no había cobrado el dinero referido.
“No hemos aceptado ni un sol porque no tenemos un secretario general registrado ante el ROP (Registro de Organizaciones Políticas). Entonces, yo, como presidente, no estoy de acuerdo con que recibamos el financiamiento mientras no tengamos ordenados nuestros cargos dirigenciales, porque no tenemos tesorero, representante legal. Desde 2016 no hemos recibido ni un sol”, afirmó Guevara, a pesar de que la ONPE indicó que ningún partido rechazó el efectivo.
Sobre la rendición de cuentas por el abono correspondiente al año 2019, el 7 de julio la ONPE decidió suspender la fecha límite para que los partidos que recibieron el financiamiento público justificaran sus gastos, sin establecer la nueva fecha. Por lo tanto, hasta ahora no se sabe en qué usaron los recursos.
NADIE SABE NADA
Consultada sobre el tema, Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio, indicó que no tiene acceso a la información de los gastos del partido, a pesar de que ella aporta el 5% de su salario a dicha organización.
Respecto al tipo de actividades partidarias en las que debería estar invirtiendo el FA durante la pandemia, Silva Santisteban comentó: “Esa es la pregunta que muchos nos hacemos (…) A pesar de que soy ‘frentista’ desde 2016, no soy militante ni formo parte del FA, de hecho, postulé como invitada. Por lo tanto, no tengo acceso a la información de rendición de cuentas sobre financiamiento”, comentó a Perú21.
Este diario le hizo la consulta vía Whatsapp al coordinador nacional del FA, Jorge Aparcana, pero, pese a que vio la pregunta, no contestó.
De manera mucho más escueta, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethel Columbus, respondió acerca del tema: “Esa información la tienen que ver con el partido. Yo no tengo información del tema”.
Este medio intentó comunicarse sin éxito con Luis Galarreta, secretario general del partido de Keiko Fujimori.
El congresista Alberto de Belaunde, de la bancada del Partido Morado, tampoco tenía información sobre los gastos del partido, pues, según argumentó, él postuló como invitado. Perú21 se contactó con Rodolfo Pérez, secretario de la organización política, pero no respondió la pregunta sobre el detalle de los gastos partidarios.
José Vega (UPP) y Omar Chehade (APP) llegaron a leer la interrogante planteada, pero no contestaron.
En suma, la rendición de cuentas sobre el dinero que todos los peruanos aportamos no es tan accesible como debería, ni siquiera para los propios congresistas. La ONPE es la entidad llamada a fiscalizar esos gastos.
Iván Lanegra: “Se necesitan directrices que garanticen el buen uso del dinero” [ENTREVISTA]
Iván Lanegra explica y analiza el uso del dinero que el Estado entrega a los partidos políticos.
¿Cuál es el objetivo de otorgar dinero a organizaciones políticas?
Aunque los partidos son entidades privadas, tienen fines públicos. En tanto se ocupan de funciones públicas, hay dos tipos de objetivos: los vinculados al fortalecimiento del propio partido y objetivos vinculados con la competencia política, es decir, cuando ya están en campaña
En el caso del financiamiento público directo, ¿qué gastos concretos se buscan cubrir?
Es solo para actividades de fortalecimiento partidario, el dinero se debe utilizar para formar cuadros, tener una infraestructura mínima, financiar los gastos administrativos del partido. Son recursos que se asignan para garantizar que haya una mínima capacidad partidaria y que ese sea el sostén para la vida política del país.
¿Realmente se logran esos fines?
No tenemos mucha experiencia para saber cuál es el impacto de esta política porque tiene muy poco tiempo de implementada. Hay propuestas para cambiar el tipo de distribución y que una parte importante del fondo vaya a todos los partidos y otro porcentaje de dinero se distribuya de acuerdo a los resultados electorales. Eso mejoraría la distribución.
En estado de emergencia no se pueden hacer reuniones en locales y las oficinas de los partidos deben estar desocupadas. Una buena parte del dinero cubría esos gastos administrativos, ¿cómo se puede justificar que el dinero sigue siendo destinado a los objetivos establecidos?
Esta es una situación nueva, una pandemia no estaba considerada en la legislación. Sin embargo, si uno mira qué capacidades partidarias se van a requerir para enfrentar las próximas elecciones, serán clave las elecciones internas y necesitarán mecanismos a distancia, van a tener que hacer uso de redes sociales y trabajo no presencial. Imagino que los partidos usarán esos recursos para mejorar sus herramientas digitales adquiriendo computadoras, servicios de Internet, contratando a profesionales especializados en temas informáticos. Ese tipo de cosas sí pueden ser financiadas. Efectivamente, no van a necesitar más locales, no tiene sentido, pero sí deben hacer otro tipo de actividades.
¿Cuáles?
La idea es que sean recursos que sirvan para el sostenimiento de las actividades partidarias sin que sea campaña electoral. Por ejemplo, ya no van a tener que alquilar un local para hacer un taller, pero sí van a requerir una buena conexión a Internet para dictarlo, entonces, podrían financiar la instalación de fibra óptica. Ya dependerá de cada partido y la ley da margen para ese tipo de ajustes.
Antes hemos visto, por ejemplo, que se justifica el gasto con la compra de arreglos florales, ¿cómo se fiscalizan ese tipo de adquisiciones?
Es un buen punto porque le toca a la ONPE hacer una adecuada fiscalización. Creo que ahí sí se necesitan directrices más claras que garanticen el buen uso de esos recursos. Es esencial. Pueden, a todas luces, gastar en cosas que no se ajustan a los objetivos partidarios.
Perú 21
