Pese a los ofrecimientos de que se cumpliría con un proceso de selección transparente y de manera correcta, el Gobernador Regional de San Martín, volvió a burlarse de las rondas campesinas de San Martín, al permitir que se contrate a cuestionadas empresas sin ningún tipo de experiencia en materia de seguridad ciudadana, para encargarse de las capacitaciones a los ronderos.
Tal como ya se había advertido anteriormente, las bases elaboradas en este proyecto de seguridad ciudadana, permitían poder contratar a empresas sin mayor experiencia para capacitar a los ronderos, lo cual se ofreció que se modificaría, el día en que las rondas campesinas realizaron un plantón en el frontis del GORESAM, obligando al gobernador Walter Grundel, a firmar un acta de compromiso para ejecutar de manera transparente el proyecto de seguridad ciudadana rural.
Según la información publicada en la página del SEACE, el Gobierno Regional de San Martín, a través de su comité de selección de la sede central (integrado por dos trabajadores de la gerencia de infraestructura y uno de la oficina de logística), determinó otorgar la buena pro del proyecto: “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el ámbito rural de las 10 provincias del departamento de San Martín”, para la capacitación a los ronderos, al consorcio “ROSAPLA”, integrado por las empresas Rosper Servicios Generales SAC y Aplahuata Servicios Generales SAC, con una propuesta económica de 568 mil 100 soles.
El diario Amanecer buscó en la página del Buscador de Proveedores del Estado, a fin de conocer la experiencia que tenían estas empresas en cuanto a capacitación en temas de seguridad ciudadana, encontrándonos con la sorpresa de que ninguna de las dos empresas que conforman este consorcio, tienen registro alguno de haber dictado anteriormente algún tipo de capacitación en materia de seguridad ciudadana.
Según está página de proveedores del Estado, la empresa Rosper Servicios Generales, inició sus actividades en noviembre del 2020, y registra apenas un contrato con el Estado, en julio del 2021 (en plena pandemia) para brindar servicios de actividades del componente III (desarrollo curricular contextualizado) para el Gobierno Regional de San Martín, es decir, una supuesta capacitación para personal docente, alumnos y padres de familia, en medio de la pandemia, contrato que además firmó en consorcio con la empresa Aplahuata Servicios Generales SAC.
Casi lo mismo ocurre con esta última empresa, Aplahuata Servicios Generales SAC, la cual también registra apenas 3 contratos con el Estado, uno de ellos el antes mencionado con su socio de la empresa Rosper Servicios Generales, y otros dos contratos por servicios similares, también de supuestas capacitaciones a docentes, alumnos y padres de familia en plena pandemia, de las cuales el personal de la Dirección Regional de Educación de aquel entonces no tenía ni idea de que existía dicho proyecto, cuando incluso las clases escolares se realizaban de manera virtual, por la pandemia del Covid-19.
Es decir, empresas cuya única experiencia es haber brindado supuestas capacitaciones a docentes, alumnos y padres de familia, en medio de la pandemia del Covid-19, durante el periodo del hoy investigado por corrupción Pedro Bogarín, y sin ningún tipo de experiencia en capacitaciones de seguridad ciudadana, serán las encargadas de brindar la capacitación a los ronderos de la región San Martín.
Pero no solo eso, resulta que el comité de selección de la sede central del Gobierno Regional de San Martín, descalificó la oferta de otro postor (Asociación Nacional de Personas que prestan Servicios de Seguridad), en cuyo registro como proveedor del Estado, si figuran capacitaciones en materia de seguridad ciudadana, en las municipalidades de Pucusana y Jesús María en Lima, e incluso en el Poder Judicial, señalando que no contaban con la experiencia necesaria, sin embargo, para el mencionado comité de selección el consorcio conformado por empresas que brindaron cuestionadas capacitaciones a docentes, alumnos y padres de familia en medio de la pandemia, si cumple con la experiencia necesaria para capacitar a los ronderos de la región San Martín.
Resulta vergonzoso lo que viene ocurriendo al interior de la sede central del Gobierno Regional de San Martín, y que ninguna autoridad haga algo al respecto, comenzando por el Consejo Regional de San Martín, cuyos integrantes han demostrado que han claudicado por completo a cumplir con su labor de fiscalización dentro del ejecutivo regional, y por el contrario, se vienen mostrando completamente alineados a la voluntad del gobernador regional, Walter Grundel Jiménez. Tampoco la procuraduría ha mostrado un trabajo efectivo en lo que corresponde a la lucha contra la corrupción al interior del Gobierno Regional de San Martín ¿Harán algo al respecto los ronderos? ¿O permitirán que les den otro “antalginaso” como ocurrió con la reunión que sostuvieron en octubre tras su plantón en el GORESAM?
Fuente: Diario Amanecer
