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Gobiernos Regionales deben fiscalizar gratuidad de la enseñanza en Colegios Públicos

Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos regionales a fiscalizar el derecho a la gratuidad de la educación y el acceso a este servicio en igualdad de oportunidades durante el proceso de matrícula.
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Al encontrarnos en el periodo previo al inicio de año escolar 2021, la Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos regionales a fiscalizar el derecho a la gratuidad de la educación y el acceso a este servicio en igualdad de oportunidades durante el proceso de matrícula que viene desarrollándose en todas las instituciones educativas públicas.

El pedido formó parte de las recomendaciones dirigidas a los 25 gobiernos regionales, en las que se recordó las competencias que tienen en garantizar el derecho a la educación y la adecuada prestación del servicio educativo en cada una de sus jurisdicciones.

En ese sentido, se precisó que las instituciones educativas públicas no deben efectuar cobros, requerimientos ni condicionamientos de ningún tipo, ni pedir a las familias documentos o requisitos no establecidos en las normas.

En los documentos dirigidos a las autoridades regionales, se indicó que la Ley General de Educación establece que la Dirección Regional de Educación (DRE) es responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

A su vez, que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) debe garantizar la continuidad del servicio educativo y del desarrollo del proceso pedagógico.

Por ello, a fin de garantizar las condiciones óptimas para el buen inicio y desarrollo del año escolar, se recomendó a los gobiernos regionales que, a través de las DRE y las UGEL, efectúen las acciones para asegurar la disponibilidad del personal docente y de los materiales educativos para las y los estudiantes de educación básica.

Asimismo, que se cumpla con distribuir los materiales educativos a los distintos planteles mediante le ejecución de los más de 51 millones de soles que, han sido asignados para la contratación de servicios de transporte de materiales.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo viene exigiendo la adopción de medidas en distintos ámbitos, a fin de evitar situaciones que perjudiquen el derecho a la educación en tiempos de pandemia.

En enero, la entidad pidió al Ministerio de Educación mejorar la estrategia educativa a fin de prevenir el abandono y la deserción escolar.

Ello, luego que los resultados de una supervisión permitieron conocer que más de 373 000 estudiantes de colegios públicos no accedieron a la estrategia “Aprendo en casa”. Además, garantizar el servicio educativo a distancia a favor de más de Un millón ochocientos mil estudiantes (1 800 000) estudiantes de colegios privados.