A través de la promulgación de la Ley 31189 para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, el Gobierno se aproxima a una atención integral a favor de las poblaciones que han sido impactadas por la contaminación generada por los proyectos extractivos mineros y petroleros.
Tras obtener la aprobación del Pleno del Congreso, el pasado martes 4 de mayo el Gobierno promulgó la ley 31189, la misma que dispone un trabajo articulado entre los diferentes ministerios, una serie de protocolos e instrumentos técnicos para una mejor atención, un registro nacional actualizado y la constante priorización.
En principio, de acuerdo a la bióloga Karem Luque de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), esta ley permitirá conocer a detalle el nivel de afectación por región, provincia y distrito.
Hasta el momento, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud publicado en octubre de 2020, solo se tiene conocimiento de 10 millones 162 mil 380 personas expuestas a los metales pesados. Esto equivale al 31.15% de la población nacional.
“Esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas».
«Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se hayan aprobado”, apunta la bióloga Karem Luque.
Otra disposición de la ley incluye la instalación de protocolos e instrumentos técnicos para atender a las poblaciones afectadas por metales pesados, con el fin de que el Ministerio de Salud cuente con una guía de diagnóstico clínico para que los médicos identifiquen estos casos.
“La guía más actualizada es la de plomo del 2017, también hay guías para arsénico, cadmio y mercurio. Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuestos a metales pesados”, dice Luque.
A su vez, también se implementará un registro nacional personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Este registro y su actualización estará a cargo del Ministerio de Salud y se construirá en base a las atenciones médicas realizadas en los establecimientos de salud pública.
“La data solo es a nivel regional. Esperemos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en Cusco hay 342 mil 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”, señala la bióloga de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque.
Como en el Cusco, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana también han sido afectadas por metales pesados. En 2014, más de 2500 barriles de petróleo del Oleoducto Norperuano se derramaron sobre los bosques y ríos, e impactó a las comunidades indígenas de Cuninico, Nueva Santa Rosa, Nueva Esperanza y San Francisco.
Si bien el Poder Judicial ordenó a Petroperú, empresa estatal a cargo del oleoducto, una compensación económica para las comunidades afectadas, estas siguen sin recibir atención médica especializada.
Fuente: Wayka
