Uno de los pendientes es la adecuación del Reglamento del Congreso para desactivar el grupo de trabajo.
Tras la eliminación de la inmunidad parlamentaria, uno de los pendientes del Congreso es desactivar la comisión encargada del levantamiento de esta prerrogativa. En el periodo legislativo anterior, este grupo de trabajo había sido cuestionado por ser el paraguas de algunos excongresistas para dilatar sus casos como el caso Edwin Donayre- o el rechazo a que sean procesados por presuntos delitos.
La actual Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria fue instalada el 22 de junio del 2020 y su plan de trabajo fue aprobado recién 13 de julio. Su presidente, Yván Quispe (Frente Amplio), dijo que era una oportunidad para la imagen del Congreso, “que ha venido en desmedro en los últimos años”. Sin embargo, no recibió ningún pedido del Poder Judicial.
“No hemos recibido por parte de la Corte Suprema ningún pedido de levantamiento de inmunidad”, dijo Quispe. En visto de ello, realizó 15 sesiones para recibir 16 exposiciones de expertos. La última fue el lunes 8 de febrero de este año.
“Nosotros no podemos solicitar ningún caso. Tenemos que hacerlo en función a lo que la Corte Suprema nos envía, sino se puede entender que habría algún tipo de motivación política si hacemos algún pedido”, añadió Quispe.
EL FUTURO YA LA DESACTIVACIÓN
El 8 de febrero, Quispe dijo en la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que el grupo debía pasar por un proceso de desactivación. Con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el pasado 4 de febrero, la comisión ya no tiene sentido de continuar.
Quispe dijo que no tenían “antecedentes específicos” en el Congreso sobre desactivación o eliminación de una comisión de carácter permanente; así como tampoco un “marco legal específico” que explique los pasos a seguir para la disolución de la comisión. Por ello, corresponde al Congreso elaborar una propuesta de “resolución legislativa” que adecúe el Reglamento del Parlamento.
Luis Roel, primer vicepresidente del Congreso, dijo a El Comercio que la reforma es una norma que tiene “eficacia directa e inmediata”. Por tanto, los procesos estancados que tenía algún congresista antes de serlo pueden retomar su rumbo. “Inmediatamente ya no hay inmunidad. Tendrían de forma automática levantada la inmunidad”, agregó.
La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado), presentó un proyecto de ley para adecuar el Reglamento del Congreso a fin de que se reforme lo relacionado a la inmunidad parlamentaria. Ella propone la derogación del artículo 16 -inmunidades de arresto y proceso-, y modificar los artículos 20 y 25.
La inhabilitación del congresista Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) aún no se define en el Congreso. El jueves 14 de enero, se informó en el Consejo Directivo del Parlamento que habían tomado conocimiento sobre la resolución emitida, a mediados de diciembre, por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por el delito de cohecho pasivo genérico.
En setiembre del año 2020, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena de tres años de pena suspendida contra Acuña Peralta, así como su inhabilitación por tres años para ejercer cargo público.
En la sesión del 14 de enero, en el Consejo Directivo se dijo que iban a solicitar se informe al Congreso sobre la mencionada resolución. Sin embargo, hasta la fecha el Poder Judicial ni el Congreso han respondido a El Comercio si se ha notificado sobre este documento.
Respecto al expediente Acuña, el congresista Yván Quispe comentó a El Comercio que ellos pensaron que el caso iba a llegar, pero tampoco hubo una solicitud formal de parte de la Corte Suprema.
“El caso del congresista Humberto Acuña, tiene una sentencia en segunda instancia y de acuerdo con la ley está impedido de ejercer un cargo público. Esto ni siquiera tendría que ser abordado por la comisión, sino el Consejo Directivo para el desafuero. No llegó a la comisión”, exclamó.
Por otro lado, a inicios de febrero, el Poder Judicial dispuso que solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Acuña, investigado por presuntos delitos cometidos en el caso Olmos, diferente al de cohecho pasivo genérico. Un día después entró en vigencia la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria
El abogado Luciano López explicó a este Diario que, a su consideración, para el caso de la condena por cohecho pasivo genérico, incluso antes de la reforma, Acuña Peralta no tenía inmunidad porque ya había sido condenado. “Lo que está en discusión [en el Congreso] es su mandato de inhabilitación”, añadió. (Nota con más detalles en el Comercio)
Fuente: El Comercio
