Según la fiscalía y la procuraduría, el cabeza de lista de APP en Huánuco del partido de César Acuña tiene vínculos con personas implicadas en tráfico de drogas y su patrimonio está bajo sospecha de la UIF. Él afirma que no es narcotraficante.
Luis Picón, exgobernador de Huánuco, encabeza la lista de candidatos de Alianza para el Progreso (APP) al Congreso por esa región. Y aunque en su declaración jurada de hoja de vida registró una sentencia judicial y 11 inmuebles en San Martín, Lima y Huánuco valorizados en más de S/3,5 millones, el candidato del partido de César Acuña no incluyó sus 14 investigaciones vigentes en el Ministerio Público.
El Comercio pudo confirmar que todas las pesquisas son por presuntos delitos de corrupción, menos una: por lavado de activos provenientes del narcotráfico, un caso que empezó en el 2012 y que actualmente sigue en Huánuco.
Desde la fiscalía y la procuraduría antidrogas aseguran que esta investigación tiene elementos sólidos para continuar. Su complejidad, así como el congelamiento de plazos por la pandemia, han hecho que no avance con celeridad.
DE LARGA DATA
No es la primera vez que el candidato de APP es vinculado a este ilícito. En el 2016, la comisión del Congreso que investigó la influencia del narcotráfico en la política en el Perú –presidida por Rosa Mavila– incluyó al candidato de APP en su informe final como uno de los gobernadores regionales investigados y lo consideró un “caso emblemático”.
El informe final señaló que las actividades empresariales de Picón eran “sospechosas” por la “facilidad” con la que generaba empresas nuevas con distintas razones sociales, pero con el mismo rubro o similares.
“Se producen sucesivas transferencias de propiedad, de patrimonio, abandonos”, remarcaron. Además, que “llamaba la atención el repentino” incremento del capital y los aportes en efectivo a trabajadores de confianza.
De acuerdo a la información a la que accedió este Diario, Picón tiene seis acusaciones en el Ministerio Público, cinco investigaciones en etapa preparatoria y otras tres en estado preliminar. Una de estas últimas es por el presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Este caso se inició en junio del 2012 contra él y su hermano Isaac.
En el 2013, el caso fue archivado por la fiscalía. Sin embargo, una queja presentada por la procuradora antidrogas Sonia Medina fue declarada fundada y el proceso continúa hasta hoy.
Tras una serie de peritajes contables, el 20 de febrero del 2019 se declaró “compleja” la pesquisa y se dispuso ampliarla por ocho meses. Esta incluyó a seis empresas vinculadas a los Picón por la presunta modalidad de actos de conversión y transferencia.
Según la documentación a la que accedió El Comercio, hay siete notas informativas de la Oficina de Inteligencia de la Dirandro de la PNP sobre presuntos vínculos entre los hermanos Picón y personas investigadas e implicadas en casos de narcotráfico.
“Sí encontrábamos los elementos de juicio y la alta sospecha de que acá hay delito de lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas. Nuestra competencia”, remarcó la procuradora Sonia Medina al ser consultada por este Diario sobre el caso de Picón. Dijo que este sería un “caso emblemático” porque a partir de este empezaron más investigaciones a personajes políticos por los mismos vínculos.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que es parte de la investigación, las empresas vinculadas a la familia Picón “utilizaron el sistema financiero para ingresar fondos en efectivo” por un total de US$4′222.155 entre el 2003 y el 2013.
“Operaciones características de los actos de conversión; dichas operaciones financieras se realizaron fuera de la zona de influencia de las empresas y en algunos casos se omitió información acerca del origen de los fondos”, indicó la fiscalía de Huánuco en una disposición de diciembre del 2020.
Según este informe de la UIF, en las cuentas corrientes de las empresas Strong Loreto SAC y Pro Negocios SAC -ambas vinculadas a Luis Picón y sus hermanos- más del 75% de sus depósitos fueron realizados en efectivos y por importes “por debajo del umbral” permitido, por lo que no se realizó la declaración de origen ni destino de los fondos depositados.
EL CASO A LIMA
En febrero del 2019, la fiscalía de Huánuco pidió a la fiscalía supraprovincial de lavado de activos de Lima que determine la competencia respecto a este caso. Para ellos, este proceso debería continuar en la capital debido a que las empresas y los bienes involucrados no fueron creados en Huánuco. El estado de emergencia sanitario por la pandemia del COVID-19 congeló los plazos y también una respuesta.
Hace algunas semanas, el pedido fue rechazado. Sin embargo, la fiscal Luz Sánchez Figueroa a cargo de este caso en la provincia de Leoncio Prado ha apelado. El archivo, asegura, no es una opción.
“Es una investigación bastante sólida. La preocupación es solamente el ámbito de la competencia. Hay muchos elementos que vamos a aprovechar, pero si asumimos que realizamos todo el proceso acá podría generarse una nulidad porque los actos de conversión del delito de lavado de activos no habrían tenido lugar aquí [Huánuco], si no en otros lugares. Nosotros solo tenemos competencia regional, no nacional”, señaló la fiscal a El Comercio.
La representante del Ministerio Público agregó que la procuradora Sonia Medina ha jugado un papel importante en este caso.
Para la procuradora Medina, en Huánuco “no hay garantías” para que avance el caso por la “ascendencia política, social y económica” de Picón.
“Es propio que llegue a Lima porque es una investigación compleja”, sostuvo. Remarcó que se trata de una región “de las más neurálgicas” en materia de tráfico ilícito de drogas.
La defensa del Estado señaló que el hecho de que un candidato como Picón postula al Parlamento “es sorprender a la ciudadanía” y que es responsabilidad del partido o movimiento político hacer filtraciones a sus listas.
“No es poca cosa si ya está afrontando una investigación de esta naturaleza, que no es poca cosa un delito de lavado de activos precedente de tráfico. No es poca cosa las denuncias que tenga por corrupción”, manifestó.
El pasado viernes, la fiscalía de Huánuco presentó una apelación a este caso, según precisó la fiscal Sánchez Figueroa vía telefónica. No obstante, remarcó que si no procede el traslado a Lima, formalizará investigación porque “definitivamente tiene todos los elementos” para hacerlo.
Consultado por este Diario, el abogado experto en temas electorales José Tello, señaló que si bien no está obligado a declarar las investigaciones fiscales ni es un impedimento para postular, debió colocar como anotación adicional en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“No es falta administrativa ni motivo de exclusión, pero por transparencia debió haberlas colocado en anotaciones adicionales”, explicó. “El partido está llevando a alguien que tiene ese volumen de denuncias fiscales y generar una incertidumbre sobre esta persona”, agregó.
DESCARGOS
En diálogo con El Comercio, el candidato Luis Picón reconoció que tiene investigaciones en curso y que “tres nada más” están en acusación fiscal. “Cualquier hijo de vecino te denuncia, sin fundamento y sin sustento, por cada obra que he hecho en mi gestión”, respondió vía telefónica. Aseguró que de estos casos está informado el líder del partido por el que postula, César Acuña.
El exgobernador de Huánuco afirmó que “hace diez años” están investigando por presunto lavado de activos y acusó a la “incapacidad” del Poder Judicial y a la procuradora Medina. «Tienen que archivar porque han investigado dos años, tres años«.
«No tengo ningún antecedente de nada, policial, de ningún tipo. Peor de narcotráfico, yo soy médico. Mi familia de igual manera. Somos empresarios, no somos narcotraficantes. Cada vez que hay elecciones es lo único que salen a hablar. Acá postular es un delito”
Picón aseguró que “no busca protección en ningún sitio” con su postulación al Parlamento y que “no es obligatorio” informar sobre estos casos en su Hoja de Vida. “Ahí dice sentencias. Yo tengo una sola sentencia administrativa. Yo soy médico, no soy delincuente. Nunca he cometido ningún delito”, añadió.
El Comercio intentó comunicarse con APP a través de su coordinador de prensa, de su personero legal y de César Vásquez, miembro del CEN de APP. Sin embargo, no respondieron hasta el cierre de este informe.
Fuente: El Comercio
