Pero debemos tener en cuenta que, por su alto valor en el mercado, durante la extracción de este recurso hasta la comercialización, sufre múltiples procesos en los cuales la parte ambiental se ve involucrada de manera directa; así también se vincula con delitos como el narcotráfico, trata de personas, explotación infantil, sicariato, extorsión, tráfico de tierras, tala ilegal, evasión tributaria, además de la enorme contaminación y daño que dejan los pasivos ambientales.
En la Amazonía peruana, la minería básicamente está enfocada en la extracción de metales como: oro, cobre, zinc, hierro, entre otros; sin embargo, es el oro una oportunidad para aquellos que buscan alcanzar una economía sustentable, puesto que se practica con la total ilegalidad sin contemplar acciones técnicas para preservar todos los cursos de agua o lechos de ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales; de los cuales se extrae este mineral.
Esta actividad se encuentra completamente prohibida por ley, bajo la configuración de delito y tiene como consecuencia la pena privativa de la libertad, siendo una causal la generación de daño al medio ambiente y sus ecosistemas, además de ser una amenaza directa a nuestra amazonía y para la parte socioeconómica y cultural de las zonas en las que se desarrolla esta actividad.
Este no es un caso aislado, pues en países vecinos como Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, se registran enormes áreas donde la minería ilegal ha devastado bosques y contaminando fuentes de agua, suelos y aire por el mal uso de químicos tóxicos como: el cianuro, el mercurio y otros, En Perú, la minería informal no solo afecta nuestra amazonía, sino que también se incrusta en zonas de bosques y áreas protegidas, afectando miles de hectáreas que fueron deforestadas, incluso frente a comunidades nativas, a los que amenazan y hasta asesinan sus líderes indígenas.
El gobierno con el fin de mitigar el impacto que genera la minería ilegal, ha tomado medidas en cuanto a prorrogar los plazos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Para ello se debe canalizar la temporalidad de las prórrogas debiendo analizarlas desde el punto de vista administrativo, técnico y ambiental.
Se debe volver a revisar las cláusulas de la ley 31388, para contemplar dentro de las normativas, sanciones más estrictas y eficaces en el proceso de formalización que permitan iniciar no solo acciones administrativas de investigación, sino también efectos sancionadores a las entidades técnicas que no sustenten con veracidad la ejecución de sus acciones extractivas, debiendo reestructurar los requisitos dentro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Mg. Lindsay Montilla Pérez
Coordinadora de Ing. Ambiental – Moyobamba
