Una ola de críticas ha generado en varios sectores la convocatoria hecha por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, para elegir mañana a los representantes de las universidades públicas dentro del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
A través de un comunicado oficial, la Sunedu instó a las universidades públicas y privadas a respetar lo resuelto por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que ordena al Congreso suspender provisionalmente la aplicación de la Ley 31520, que implica la reestructuración de dicha entidad.
“La Sunedu sigue ejerciendo sus funciones y atribuciones establecidas en la Ley Universitaria para elevar la calidad de la educación superior universitaria en beneficio de miles de estudiantes” ,resaltó la entidad.
Reacciones
El presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), Américo Guevara, dijo a El Comercio que hay una “desesperación” por parte de Jeri Ramón por querer acatar una ley que el Poder Judicial ha determinado suspender y que no tiene un reglamento.
“No se puede elegir a ciegas de forma desesperada a alguien, no se han establecido los pasos”, señaló.
Agregó que de persistir Ramón en su convocatoria de elecciones, evaluarán en asamblea qué medida tomar. Una alternativa puede ser presentar una demanda en su contra. Por lo pronto, dijo que enviarán una carta a la rectora donde detallarán los motivos de por qué no participarán en las elecciones.
“La ley promulgada por el Congreso atenta contra la calidad de la enseñanza. Las universidades que integran la Aunap respetarán la decisión judicial”, agregó.
En tanto, Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, calificó de “nula e ilegítima” la convocatoria hecha por Ramón, pues no tendría ningún efecto, debido a la existencia de una acción de amparo a favor de la Sunedu.
Por su parte, el abogado Walter Palomino, profesor de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur, dijo que la Sunedu puede informar al órgano jurisdiccional del Poder Judicial para impedir que la UNMSM realice las elecciones. Si la casa de estudios persiste, se estaría cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad. Esto implica una sanción de entre 3 y 6 años de pena privativa de la libertad.
Declaran nulidad
En julio pasado, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima emitió sentencia declarando nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de la Ley Universitaria, declarando su inaplicabilidad a la Sunedu.
Posteriormente, dispuso la actuación inmediata de la sentencia y ordenó la inaplicabilidad de la ley que modifica sus funciones y la elección del Consejo Directivo.
Fuente: El Comercio
