TC declara fundada demanda competencial interpuesta por poder ejecutivo por menoscabo de sus atribuciones por parte del poder judicial
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TC declara fundada demanda competencial interpuesta por poder ejecutivo por menoscabo de sus atribuciones por parte del poder judicial

Caso de las Resoluciones Judiciales en materia de reincorporación, otorgamiento de beneficios y ascensos a los miembros de la Policía Nacional del Perú

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar fundada la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo a causa del menoscabo de sus atribuciones por parte del Poder Judicial (Exp. N° 00002-2018-PCC/TC).

Asimismo, el Colegiado estableció que el otorgamiento de ascensos es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y que, bajo ninguna circunstancia, un juez ordinario o constitucional puede otorgarlos.

Por otro lado, la sentencia estableció que en lo sucesivo y en principio: el cuestionamiento de resoluciones que disponen el pase a retiro del personal policial de la PNP por la causal de la renovación de cuadros debe tramitarse a través del proceso contencioso-administrativo.

De igual modo, la excepcional admisión a trámite del proceso de amparo se sujeta a lo desarrollado en los fundamentos, los jueces resolverán las pretensiones accesorias a la solicitud de reincorporación a la situación de actividad de conformidad con lo establecido.

La sentencia también dispuso que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, determine en qué casos, de conformidad con los incisos 3 y 4 del artículo 213 del T.U.O. vigente de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, corresponde: iniciar la declaratoria de la nulidad de oficio de los actos administrativos expedidos por el Poder Ejecutivo por mandato judicial en procesos en los que el Poder Judicial menoscabó sus atribuciones, o en su defecto, demandar la nulidad de tales actos administrativos ante el Poder Judicial a través de una demanda contencioso-administrativa; y que se proceda en consecuencia, siempre que se trate de actos administrativos expedidos como resultado de las resoluciones judiciales en las que se haya incurrido en los vicios competenciales detallados en la presente sentencia.

Finalmente, el TC dispuso el plazo de tres (3) meses contados desde el día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, para que el Ministerio del Interior pueda interponer las demandas contencioso-administrativas que correspondan contra los actos administrativos que hubiera debido expedir como consecuencia de las resoluciones judiciales que hayan incurrido en los vicios competenciales advertidos, siempre que hubiesen vencido los plazos establecidos en el punto resolutivo anterior, sea para iniciar la declaratoria de la nulidad de oficio de tales actos administrativos o para demandar judicialmente su nulidad a través del proceso contencioso administrativo.

Esta demanda de conflicto competencial fue interpuesta el pasado 11 de abril de 2018, por la Procuradora Pública del Sector Interior contra el Poder Judicial, por considerar que es atribución del Poder Ejecutivo establecer y fijar los cuadros de personal en la Policía Nacional del Perú (PNP) y que no es atribución del Poder Judicial modificar los “cuadros de personal” de la PNP al ordenar la reincorporación del personal policial a través de sentencias o medidas cautelares que declaren la nulidad de los actos administrativos emitidos por el Poder Ejecutivo, en los que disponía pases a la situación de retiro por causal de “renovación de cuadros”.

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JNE capacita a gestores de tambos en prevención de conflictos socioelectorales

Preparación les permitirá convertirse en aliados que contribuyan al monitoreo de situaciones de riesgo en el proceso electoral

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Con el fin de fortalecer el monitoreo y la prevención de conflictos socioelectorales en las próximas Elecciones Generales 2021 (EG 2021), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) capacitó a más de 240 jefes y gestores territoriales de los Tambos, que son plataformas de servicios del Estado con presencia en el ámbito rural.

Dicha preparación permitirá al organismo electoral contar con aliados estratégicos en zonas alejadas del país para la vigilancia de posibles situaciones de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo del mencionado proceso electoral.

Así, se les brindó información actualizada sobre la naturaleza de los conflictos sociales y sobre riesgos electorales que podrían afectar las EG 2021. Igualmente, se les impartió conocimientos sobre los principales aspectos de los comicios, como el cronograma electoral, características del padrón electoral y el principio de neutralidad de los funcionarios públicos.

La capacitación “Prevención y gestión de conflictos socioelectorales en el marco de las EG-2021”, se realizó vía la plataforma Zoom y estuvo a cargo del licenciado Aldo Huamán Arias de la Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del JNE.

Además del personal de los Tambos, con similar propósito se capacitó a los jefes de las Oficinas Desconcentradas y asistentes administrativos y colaboradores de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE.

Cabe precisar que los Tambos forma parte del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población en zonas rurales en 22 departamentos, atendiendo a más de 13 mil centros poblados en el ámbito nacional.

La actividad contó con la presencia del director ejecutivo del Programa PAIS, Mario Ríos Vela; Julio Quijano Villaorduña, jefe de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios de PAIS.

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Martín Vizcarra era un obstáculo para planes de Antauro Humala

Trama. Cronología hace evidente que desde enero operadores de UPP crearon condiciones para que Antauro sea liberado y pueda ser candidato presidencial

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En los días previos a la instalación del actual Congreso de la República, fuentes de este diario aseguraron que un grupo de representantes del partido Unión por el Perú, UPP, Alexis Humala (hermano de Antauro y del expresidente O. Humala) y también el presidente de facto, Manuel Merino (Acción Popular), se reunieron en un céntrico restaurant del Centro de Lima.

Consultado telefónicamente, Alexis Humala confirmó a La República que dicho encuentro efectivamente se había dado, pero que “tan solo se acercó para saludar al electo congresista Manuel Merino”, y evitó dar más detalles. Sin embargo, trascendió que esas reuniones eran para buscar un consenso con la mira puesta en la elección de la nueva Mesa Directiva y también de la distribución de comisiones del Congreso, entre ellas la de Fiscalización. Pero también para liberar a Antauro Humala y crear las condiciones para que este se convierta en candidato presidencial. Según algunos analistas, para concretar esas pretensiones, Martín Vizcarra era incómodo desde el Ejecutivo. Había que vacarlo.

En el mencionado encuentro también estaba Jhon Saba, exasesor tanto del excontralor Edgar Alarcón y también del expresidente del Congreso Manuel Merino, alternadamente.

Esto podría explicar por qué, pese a estar investigado por enriquecimiento ilícito y peculado doloso, al excontralor que había llegado al Congreso con UPP se le dio la copresidencia de la comisión de Fiscalización. Nueve meses después fue él quien entregó los audios (caso Richard Swing) a Merino, y juntos promovieron el primer intento de vacancia contra Vizcarra. Desde esta redacción tratamos de comunicarnos con varios de estos protagonistas, pero no contestaron. No obstante, quedaba claro el rol que jugaría UPP, y en él, José Vega Antonio.

Extraviado camino
Unión por el Perú (UPP) es un partido que nació en 1994, con un enfoque ideológico de centro-izquierda, con el objetivo de restablecer la democracia en el país, y para ese propósito se enfrentó, en elecciones generales, al reeleccionista y golpista Alberto Fujimori, en 1995.

Entre los fundadores de UPP estaban figuras de la democracia peruana, Javier Pérez de Cuéllar, Daniel Estrada y José Vega Antonio, líder sindical (Federación de Empleados Bancarios del Perú). De ellos, solo queda Vega, quien ocupa la secretaria y vocería general del partido por el cual es congresista.

Pero quince años después, en 2020, esta agrupación política, de inicial raigambre y esperanzadora figura democrática, promovió persistentemente la vacancia presidencial hasta perpetrar el “golpe de Estado” contra el Ejecutivo que presidía Martín Vizcarra. El 9 de noviembre, en el segundo intento, los doce miembros de la bancada de Unión por el Perú (UPP) votaron en bloque para que se vaya Vizcarra. Es decir, en la misma línea de Fuerza Popular, cuya lideresa es Keiko Fujimori, nada menos que hija de Alberto Fujimori, rival de la agrupación que creara Vega Antonio para las presidenciales de 1995.

Libertad o golpe
Como se puede apreciar, en el actual escenario político hay dos actores vitales en los planes de Vega: Antauro Humala y Edgar Alarcón.

Humala es un exmayor del Ejército Peruano (EP), que cumple una condena de 19 años de prisión efectiva tras dirigir el “Andahuaylazo”, un movimiento sedicioso en enero de 2005 en contra del expresidente Alejandro Toledo, en el que murieron cuatro policías tratando de restituir el orden. Desde la prisión, mantiene contactos políticos y con algunos “empresarios” para lograr la libertad condicional y tentar la presidencia del país. Ahí es donde entra a tallar Alarcón, quien suele visitar a Antauro con inusual frecuencia.

Además, en junio de 2019 Antauro creó el Frente Patriótico Peruano (FPP), y en octubre de ese año se inscribió en UPP para participar en las elecciones congresales extraordinarias de 2020. Ahora parece que UPP cambiará a FPP en las elecciones generales del 2021.

No por gusto, Virgilio Acuña, candidato en las elecciones extraordinarias al Congreso 2020, confesó en enero a La República que UPP le debía el millón y medio de votos que había obtenido en esas elecciones a Antauro Humala, gracias a las regiones en las que él, se supone, tiene influencia. “¡Es impresionante, sin haber hecho campaña, sin estar libre, sin haber hablado con ningún elector! Vamos a presentar un proyecto de ley que signifique una amnistía para poder liberarlo (a Antauro Humala) y tenerlo como candidato presidencial (en 2021)”, aseguró Acuña.

Y justo en eso parecen estar.

Fechas y personajes para no olvidar
10 de setiembre 2020: Congresista Edgar Alarcón (UPP), que presidía comisión que investiga caso Richard Swing, presenta al Pleno del Congreso tres audios que implican a Martín Vizcarra.

11 de setiembre 2020: Con 65 votos a favor se acepta la moción de vacancia y se fija al 18 de ese mes para que MV vaya al Congreso. Al revelarse la trama, la vacancia no prospera.

20 de octubre de 2020: Con votos de bancadas de UPP, PP, y FA se acepta nueva moción de vacancia contra MV por casos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.

9 de noviembre de 2020: Admitida la moción de vacancia el 2 noviembre, el 9 de ese mes, 105 congresistas destituyen a Martín Vizcarra y eligen a Manuel Merino presidente transitorio.

El futuro deseable de Unión por el Perú
Mg. Moisés K. Rojas R., sociólogo, catedrático UNMSM

Unión por el Perú (UPP) fue uno de los partidos que lideró la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Toda su representación congresal votó a favor de la vacancia. ¿Qué los movilizó? Hay dos razones: debilitar el Estado de derecho para viabilizar la liberación de Antauro Humala, su último aliado político, y radicalizar su comportamiento político para captar el voto de la indignación ciudadana por los políticos corruptos.

Ambas finalidades personalistas y de cálculo fracasaron. No consiguieron el indulto en el breve gobierno de Manuel Merino, y hace unos días, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca rechazó el hábeas corpus para la liberación de Antauro. Tampoco consiguieron captar la indignación de la gente. Según la encuesta de Ipsos, el 90% de los peruanos rechazó la vacancia, y el 83% no les creyó su preocupación por la lucha contra la corrupción.

El costo político será grande para UPP. Antauro no podrá postular a la presidencia como esperaban y el partido ha perdido credibilidad. Quizás sea tiempo para que los dirigentes de UPP evalúen que hicieron con el legado de Pérez de Cuéllar, y que tan compatible es lo que representaron en los años 90, tiempos de resistencia a la dictadura fujimorista, con el autoritarismo populista de izquierda del etnocacerismo de Antauro.

Fuente: La República

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JNE solicita partida adicional de 20 millones de soles para EG 2021

Para la adecuada fiscalización de las etapas del proceso

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  • Presidente del organismo, Jorge Luis Salas Arenas, sustentó el presupuesto del sistema electoral ante el Pleno del Congreso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó un presupuesto adicional de 20 millones de soles para financiar los gastos de fiscalización electoral durante las etapas del proceso de Elecciones Generales 2021 (EG 2021), que permitan garantizar la legalidad de los comicios en el contexto de la pandemia del COVID-19.

El presidente del organismo autónomo, Jorge Luis Salas Arenas, planteó dicho pedido ante el Pleno del Congreso de la República durante la sustentación del presupuesto del sistema electoral para el próximo año.

Explicó que la fiscalización electoral de los comicios, que es competencia del JNE, comprende la supervisión de las hojas de vida de los candidatos, publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y de la organización del proceso en su conjunto, entre otros aspectos.

Para el efecto, es necesario contratar una mayor cantidad de fiscalizadores de centros de votación para el día de los comicios, pues para este proceso se prevé triplicar el número de dichos locales para el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

De esa manera, solicitó que se autorice al JNE la contratación temporal de personal por el incremento de las actividades que implica un proceso de alta complejidad como son los comicios de abril próximo.

Presupuesto electoral

Asimismo, refirió que el presupuesto del JNE para las EG 2021 se empleará en la instalación y funcionamiento de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en el país, en el desarrollo de programas que impulsen el voto informado y responsable, como las campañas educativas y debates electorales en Lima y regiones, entre otros.

Salas Arenas, en su condición de titular del pliego presupuestario del sistema electoral, también sustentó los requerimientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Detalló que el presupuesto electoral para el año 2021 asciende a 530 750 797 soles, de los que 112 438 757 soles corresponde al JNE; 406 568 510 soles a la ONPE; y 11 743 530 soles al Reniec. Las demandas adicionales en conjunto ascienden a 273 260 125 soles.

 

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