A fines del presente mes termina el plazo de vigencia aprobado en marzo por el Gobierno para que diversos combustibles estén en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), como las gasolinas de 84 y 90 octanos, el gasohol de 84 octanos y al GLP a granel, con la finalidad de mitigar la subida de precios del petróleo y sus derivados.
Sin embargo, la medida no ha logrado que los precios se reduzcan como se esperaba. Así según el Osinergmin, los precios al consumidor promedio de los combustibles en Lima Metropolitana de marzo a junio fueron los siguientes: desde S/ 15,64 a S/ 17,76 el Gasohol de 84; desde S/ 18,82 a S/20,70 el Gasohol de 90; desde S/ 19,69 a S/ 23,51 el Gasohol 95 y desde S/ 16,90 a S/ 17,13 el diesel B5-S-50 UV.
Precios promedios de combustibles al consumidor en Lima Metropolitana
(En S/ por galón)
Para Pedro Gamio, exviceministro de Energía, la medida solo ha dado un resultado parcial favorable debido a que es un compromiso con los mayoristas y no involucra a toda la cadena de comercialización.
Así, explicó que a nivel minorista hubo un comportamiento diferente por lo que, por ejemplo, hoy se tiene la gasolina de 90 octanos a S/ 16 en un distrito y a S/ 24 en otro.
“Se necesita hacer una reingeniería de la medida porque el esfuerzo fiscal no está llegando completamente al usuario final. Los últimos cinco meses se han destinado S/ 2.000 millones entre las medidas del FEPC y la de la exoneración del ISC para que no haya un resultado de acuerdo con los esfuerzos realizados” dijo, Pedro Gamio, exviceministro de Energía
Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la medida ha sido ligeramente más efectiva en el diesel al que se ha destinado por lo menos las tres cuartas partes de los S/ 2.000 millones y que es utilizado por el grueso de los transportistas.
“Si es que esto se prorroga, es posible que se focalice en el segmento donde se puede evitar que se traslade el mayor precio al consumidor porque esto también nutre la inflación en general”, anotó.
Asimismo, señaló que ampliar la medida respondería a una consigna más política que a un cálculo técnico ya que primará la presión, principalmente de los transportistas, para mantener la vigencia de ese subsidio.
Geovani Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM), indicó que, en vista de los incumplimientos del Gobierno en atender sus reclamos, han ratificado su decisión de acatar un paro nacional desde el 4 de julio próximo.
En esto coincide el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, quien añadió que la medida no ha dado el resultado esperado pues se trató de un subsidio no focalizado que benefició a quienes tienen mayor poder adquisitivo y a las personas de bajos recursos a la vez.
“Al tener un costo fiscal alto, este tipo de medidas deben focalizar su esfuerzo en los más pobres, donde vaya a tener más efecto sobre el transporte y los costos” dijo Carlos Paredes, expresidente de Petroperú
Reducción de tipos de gasolinas
Por otro lado, el 21 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la optimización del número de gasolinas o gasoholes eliminando la clasificación por octanaje. Así, desde el primero de julio los grifos y surtidores del país solo expenderán carburantes del tipo regular, que comprende la gasolina de 84 y 90 octanos. Su denominación será de 91 octanos. La segunda clasificación de los carburantes tiene por nombre premium, que agrupa la gasolina de 98, 97 y 95 y tendrá la denominación de 96 octanos.
Se autorizará la venta de gasolina de 84 octanos hasta julio del 2023 en Amazonas, Loreto, Madre de Dios y San Martín.
Sobre esto, Paredes anotó que si bien los importadores opinan que es una medida eficiente y permitirá trasladar esa eficiencia a los consumidores, el problema es que, si se elimina la gasolina de bajo octanaje que usan en muchos lugares en el interior del país, esta se va a encarecer.
Castilla explicó que es mejor tener dos rubros de gasolina. Se trata de una tendencia internacional con una agenda ambiental, pero que no ayudará necesariamente a bajar el precio de los combustibles.
“No hay ningún incentivo para bajar el precio por parte de los propios comercializadores porque eso resta sus márgenes por lo que la implementación de la norma será difícil por la naturaleza informal de los grifos y por la falta de fiscalización”, dijo.
Además, anotó que es probable que la medida no ayude a bajar la inflación, en todo caso la mantendría en los mismos niveles y los grifos podrían crear una categoría plus, lo que hará que la fiscalización sea importante. Ante ello, dijo, es probable que la norma se prorrogue para que haya un año de adecuación y no un mes como se ha dispuesto.
