A solo 10 meses de iniciado su mandato, Pedro Castillo se ha convertido en el primer presidente de la República en ejercicio de sus funciones en ser investigado preliminarmente por el Ministerio Público.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrirle pesquisa al profesor por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Sánchez- en la disposición fiscal N°06, del 27 de mayo último- ordenó que Castillo Terrones sea incorporado a la pesquisa que, desde inicios de este mes, ya se seguía en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”, porque obedecían en todo al mandatario.
En el documento, al cual tuvo acceso El Comercio, el titular del Ministerio Público da cuenta de la declaración que hizo el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 ante la fiscal provincial Karla Zecenarro.
Esta persona no solo brindó información sobre Silva, sino también respecto al profesor..
Por ejemplo, relató que Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, le comentó al empresario Samir Villaverde que “necesitaban conseguir a un profesional para que ocupe el cargo de director de Provías Descentralizado”, un puesto que fue requerido por el mismo Silva, quien era el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Vásquez Castillo- de acuerdo al citado colaborador especial- le dijo a Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva, que el presidente Castillo a través de Silva Villegas “tenía intereses en designar a funcionarios” en Provías Descentralizado “con el objetivo de adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado” en su campaña.
En ese contexto, el empresario recomendó la designación de Alcides Villafuerte como gerente de Obras de Provías Descentralizado.
Después de su nombramiento, Villafuerte, según la declaración del colaborador eficaz, habría recibido la llamada del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones para que atienda a un empresario de nombre “Roger”, quien había apoyado económicamente a la campaña presidencial de Perú Libre.
Villafuerte es investigado por las presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata III.
El colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 indicó que entre noviembre y diciembre del año pasado, Silva le solicitó S/50 mil a Villaverde.
El empresario terminaría dándole S/100 mil en el departamento del entonces titular del MTC, ubicado en el Cercado de Lima.
Además, ha referido que, entre agosto y setiembre de 2021, Villaverde le entregó a Silva S/30 mil que habrían sido para el presidente Castillo.
“El entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento en el Cercado de Lima, siendo al día siguiente de la llamada que el citado empresario habría hecho entrega de los S/30 mil en el lugar señalado
Circunstancias en las cuales este último [Silva] le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente Pedro Castillo”, se lee en la disposición emitida por el fiscal de la Nación, en base al testimonio del colaborador eficaz.
Sánchez detalla que el dinero entregado por Villaverde a Castillo, por intermedio de Silva, se dio “en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios” en el MTC.
La evaluación de Sánchez
El fiscal de la Nación también evalúa los informes remitidos por las fiscalías provinciales de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, donde se advierten que existen “indicios razonables” de la presunta participación de Castillo Terrones en delito de corrupción dentro de una organización criminal en el MTC, que él y Silva liderarían.
Esta presunta organización criminal también habría sido integrada por Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente de la República; el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los empresarios Samir Villaverde y Karelim López, de acuerdo a la tesis fiscal.
El objetivo de esta presunta organización criminal fue obtener “ganancias ilícitas, producto del direccionamiento en la adjudicación de obras” al interior del MTC.
Sánchez, en la parte final de su disposición, explica que si bien el presidente de la República goza de “una mayor protección en comparación con cualquier otro alto funcionario del Estado”.
Ante los serios indicios de que Castillo estaría involucrado en “graves delitos de corrupción y sería líder de una organización criminal, dicha prerrogativa constitucional debe ser compatibilizada con la obligación también constitucional del Estado de perseguir el delito”.
El fiscal de la Nación advirtió que el funcionamiento de una presunta organización criminal “enquistada” en el aparato estatal amenaza “la propia existencia del sistema democrático de derecho y eventualmente perjudicaría el desarrollo integral y equilibrado de la nación”.
Por ello, Sánchez ordena que se abra una investigación preliminar en contra del jefe de Estado, porque esta “es fundamental para asegurar los elementos materiales” y “prevenir” la destrucción o alteración de pruebas, “no pudiendo esperar” a que Castillo Terrones “culmine su mandato” para iniciar la pesquisa.
De esta manera, Sánchez tuvo una interpretación distinta a la de su antecesora al frente del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, quien había abierto y suspendido dos investigaciones a Castillo por los casos Petro-Perú y Provías y ascensos en Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Fuente: Comercio
