Pago del segundo bono Bono universal de 760 soles comienza el 10 de octubre
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Pago del segundo bono Bono universal de 760 soles comienza el 10 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros anunció la fecha de inicio de pago del segundo Bono Universal en todo el Perú

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El primer ministro Walter Martos, anunció hoy que el segundo bono universal de 760 soles se entregará a partir del 10 de octubre, y beneficiará a 8.6 millones de familias en todo el Perú; es decir, aproximadamente 25 millones de peruanos.

Refirió que de acuerdo con el cronograma, la entrega del subsidio se prolongará durante octubre, noviembre y diciembre.



Resaltó que se están tomando todas las medidas de seguridad para evitar la aglomeración y largas colas que se observaron en meses anteriores.

Asimismo, informó que se ha saneado el padrón de beneficiarios gracias al trabajo de un equipo multisectorial conformado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ministerio de Trabajo, el Registro Nacional de Estado Civil e Identificación (Reniec), el Banco de la Nación.

“Todo esto para que salgan padrones en forma transparente y se llegue lo más rápido posible a todo estos 8,6 millones de hogares”, expresó.

El segundo bono es parte de las medidas adicionales extraordinarias que dispuso el Poder Ejecutivo para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por el aislamiento e inmovilización social obligatoria en el marco de emergencia sanitaria por el covid-19.

El subsidio, oficializado mediante el Decreto de Urgencia que Nº 098-2020, favorece a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), así como a hogares beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo a cargo del Midis.

También a hogares no comprendidos en los programas sociales antes mencionados y cuyos integrantes no se encuentren registrados en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Ninguno de los integrantes de los hogares beneficiados debe tener un ingreso superior a 3,000 soles mensuales de acuerdo con la información disponible de la SBS, Sunat, aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada.

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La lucha de Camila, la niña que fue violada y obligada a llevar un embarazo a los 13 años

La menor fue ultrajada por su propio padre desde que tenía 9 años. Familiares denuncian que centro de salud no les informó sobre acceso a aborto terapéutico. Sufrió una pérdida natural y fue denunciada por autoaborto. Familia denunció al Estado peruano ante la ONU

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Desde que se enteró que estaba embarazada, Camila (llamada así para reservar su identidad) dijo que no quería ser mamá a los 13 años. Había callado desde los 9 años, cuando su propio padre empezó a abusar sexualmente de ella. Calló porque tenía miedo, porque no entendía lo que pasaba, porque era una niña. Durante seis años fue agredida sexual y psicológicamente por su padre. Un calvario que pasó a ser peor cuando se enteró que estaba embarazada de su violador. “Ella tenía 13 años y desde ese momento expresó su deseo de no querer ser madre. Dijo que prefería la muerte antes de ser madre en ese momento, pero nadie la escuchó y no le informaron del aborto terapéutico”, cuenta a El Comercio la abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, Gabriela Oporto.

El sufrimiento de Camila ha sido la consecuencia de una cadena de negligencias que Promsex ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar justicia. “Estamos diciendo al comité que el Estado peruano ha vulnerado los derechos de Camila y que, en consonancia con eso, no solo se le repare integralmente sino que además se adopten medidas para que no se repita. Camila quiere que esto no vuelva a pasar con esta niña. El Estado peruano ya ha sido condenado en casos anteriores por vulnerar los derechos de las menores, pero pese a ello continúa”, refiere Oporto.



Nadie escuchó a Camila
Camila vivía en una zona rural de la sierra del Perú, junto a su padre, un trabajador de campo, y su madre, quien sufre de una discapacidad severa. Todos son quechuahablantes. A los 13 años, al enterarse de su embarazo, Camila le contó a la policía que había sido abusada sexualmente por su padre desde los 9 años. La fiscalía abrió proceso por el caso y ordenó su detención preliminar y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

Pese a que la mamá de Camila solicitó al centro médico de la zona interrumpir el embarazo de su hija, el hospital no respondió al pedido y condicionó su respuesta a la presentación de un informe médico, una ecografía y otros exámenes. No le informaron que, desde 1924 en el Perú se estableció el aborto terapéutico para casos que pongan en riesgo la vida o salud de la gestante.

“Desde el 2014 tenemos un protocolo que establece en qué situaciones debe ser realizado el aborto terapéutico, en ningún momento ni Camila ni su madre son informadas de este procedimiento. Lo primero es que era una niña víctima de violencia sexual, al ser una niña tiene más riesgo de muerte que una adulta, por ser violación tiene una afectación fuerte a la salud mental. Es el personal del centro de salud que tiene la obligación de informar a la ciudadanía. además, las comunicaciones entre el personal de salud y la madre se llevan en castellano y ella es quechuahablante. El personal del centro de salud estaba más concentrado en la conservación del embarazo. Le dieron ácido fólico y no se tiene en cuenta que desde el inicio la niña manifiesta que no quiere ser mamá y que incluso prefiere la muerte antes de convertirse en madre. Es más, la niña no comía no tomaba agua, estaba deprimida, y cuando le dicen que debe alimentarse es por cuidar el embarazo”, agrega Oporto.

Según informa Promsex, a las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea. Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales.

Ante ello, la Fiscalía basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, la denunció por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

Luego de tres años, Camila logró librarse de la acusación. Tuvo que mudarse porque la comunidad en donde vivía empezó a maltratarla psicológicamente. Dejó los estudios, pero ahora los ha retomado y este año podrá terminar la secundaria.

Según Promsex, el proceso ante la ONU podría tardar un par de años. Primero, se debe notificar al Estado Peruano sobre la demanda y evaluar si es admisible y pedirá los argumentos de fondo para ambas partes en una audiencia.

Al respecto, fuentes de la Procuraduría General del Estado informaron a El Comercio que el proceso a seguir en este caso es que la demanda debe ser enviada desde la ONU a la Cancillería del Perú y, finalmente, a la Procuraduría General del Estado. El tiempo de notificación al Estado peruano no tiene fecha estimada, eso depende mucho de la gestión de la Organización de Naciones Unidas. Indicaron que podría tomar entre 6 meses, 1 año o más para que toda la información llegue a la Procuraduría. En ese sentido, aseguraron que “desde la entidad no podemos emitir opinión alguna hasta que no se tenga la notificación formal, a fin de ver el caso objetivamente”.

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PJ de San Martín declara improcedente habeas corpus a favor de Antauro Humala Tasso

Demandante pretendió presentar documento para solicitar nulidad de sentencia

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La Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba (San Martín), integrado por los magistrados Juan Carlos Paredes Bardales, Heriberto Gálvez Herrera y Rigoberto Arturo Campos Salazar, confirmó resolución de primera instancia que declaró improcedente liminarmente (de plano) la demanda constitucional de habeas corpus presentada por la ciudadana Rosa Delia Cárdenas Bartra y otros a favor del sentenciado Antauro Igor Humala Tasso, interno del establecimiento penitenciario Ancón II de Lima.

Asimismo, el colegiado exhortó al abogado César Ormaeche Milla, defensor de Humala Tasso, a respetar los principios que informan la actuación profesional de los abogados patrocinante de conformidad con el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



La resolución judicial señala que el demandante pretende que el órgano jurisdiccional a través del proceso de habeas corpus declare la nulidad de la sentencia emitida el 16 de setiembre de 2009 por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, en el Expediente No. 20-2005-A, que condenó a Humala Tasso como coautor de los delitos de homicidio simple, rebelión y otros.
Además, busca anular la Ejecutoria Suprema recaída en el R.N. 890-2010 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expedida el 23 de junio de 2011, que declaró no haber nulidad en la sentencia de primera instancia.

Estos pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria, que finalmente impusieron la condena de 19 años de pena privativa de libertad a Humala Tasso, merecieron en su momento la interposición de una demanda de hábeas corpus en el Expediente No. 2255-2018-HC/TC, la cual fue declarada improcedente.

Esto significaba, dice el tribunal de San Martín, que la sentencia condenatoria por los delitos de homicidio simple, rebelión y otros, resulta válida y legítima.

Asimismo, considera que el proceso de habeas corpus no constituye la vía idónea o adecuada para que el interno, a sola invocación de la vulneración de sus derechos fundamentales asociados a la vida, la libertad y la salud, tenga una decisión favorable.

De igual modo, recuerda que el Código Procesal Constitucional establece de manera clara, expresa e inequívoca en su artículo 5° que “No procede los procesos constitucionales cuando los hechos del petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

En tal sentido, señala que es abundante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha seguido en este criterio, como la sentencia recaída en el Expediente No. 6818-2007-PHC/TC (Caso Víctor Esteban Camarena) que en su fundamento 12 estableció que es válido rechazar liminalmente (de plano) una demanda de habeas corpus, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido.

Por ello, la Sala decidió confirmar el auto de primera instancia, de fecha 14 de setiembre de 2020, que declaró improcedente la demanda interpuesta por Rosa Delia Cárdenas Bartra favor de Humala Tasso.

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Accidente aéreo deja personas heridas en aeropuerto internacional de Loreto

2 de los heridos fueron evacuados al Hospital Regional de Loreto y los otros 2, al Hospital de Apoyo de Loreto

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A las 13:30 horas aproximadamente, se produjo un accidente aéreo de un avión comercial perteneciente a la empresa AerCaribe en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, ubicado en el distrito San Juan Bautista, provincia Maynas (Loreto).

Al respecto, los centros de operaciones de emergencia del gobierno de dicha región y del Ministerio de Salud informaron preliminarmente que, hasta el momento, se tiene 4 personas heridas como consecuencia de este evento. Sin embargo, las autoridades competentes continúan evaluando los daños.



Ante esta situación, personal de la Direccion Regional de Salud Loreto, se desplazó a la zona del accidente con 3 ambulancias y 2 camionetas, lo cual permitió que 2 de los heridos sean evacuados al Hospital Regional de Loreto y los otros 2, al Hospital de Apoyo de Loreto.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de la situación y permanece en constante comunicación con las autoridades regionales y locales para el desarrollo de las acciones de respuesta y atención de las emergencias.

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