La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado exhortando a Perú a cesar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y «garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos».
Esto a raíz de las sentencias recaídas contra tres defensores: César Estrada Chuquilín, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso.
Recientemente, la Corte Suprema de Perú confirmó la sentencia de 10 años de prisión contra el periodista César Estrada Chuquilín que denunció los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por el proyecto Conga, propiedad de la minera Yanacocha.
Mientras que, en enero de este año, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo recibieron, en primera instancia, 12 y 7 años de condena, respectivamente, por «entorpecimiento de los servicios públicos» y «motín» durante las protestas contra el proyecto minero ‘Tía María’ de la Southern Peru Copper Corporation, en Arequipa.
«Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas», declaró Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El pedido de Lawlor ha sido respaldado por Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, y por el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas.
En Perú, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, solo entre 2016 y 2020 se registraron más de 800 casos de criminalización o persecución judicial.
Mientras que, entre 2011 y 2019, por lo menos 19 dirigentes sindicales fueron asesinados y 299 personas murieron en conflictos sociales los últimos 15 años.
