En declaraciones a un medio de comunicación, manifestó que durante el año pasado el balance del sistema de control fue positivo, aunque hubiera sido mejor si se tuviera la capacidad de sancionar en materia administrativa las inconductas funcionales encontradas.
“Nosotros manifestamos que habían más de 15,000 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad administrativa cuyos casos iban a ser archivados y de ese número, agregando todos lo que se han producido durante el 2019, tenemos 18,351 funcionarios cuyas responsabilidades prácticamente no serán sancionadas”, dijo.
Shack precisó que, desde abril del año, tras la declaración de inconstitucionalidad de la capacidad sancionadora de la Contraloría, muchas de las infracciones e irregularidades que comenten malos funcionarios públicos en el Estado solo pueden “ser identificadas y registradas en los informes”.
«Además de decirles a las propias entidades que sancionen a los funcionarios para deslindar esas responsabilidades a través de un procedimiento administrativo disciplinario”, agregó.
Identificación
Sostuvo que estas irregularidades fueron identificadas en los tres niveles de Gobierno, pero que la Contraloría General de la República ante un hecho irregular “lo único que puede hacer es verlo y dejar que pase, porque no podemos hacer nada”.
“Lo identificamos (el hecho irregular), lo comprendemos en el informe y ese informe de control es remitido a la propia entidad que (debe decidir una sanción y) en algunos casos es el propio alcalde, gobernador regional para que ellos procedan, pero esta nunca llega”, aseguró.
Informes
En ese sentido, el contralor indicó que durante el 2019 se emitieron 25,139 informes de control, superando la meta propuesta de 22,000 de estos documentos. Explicó que existen tres tipos de control: previo, simultáneo y posterior.
Del total emitido, 22,742 informes fueron durante el control simultáneo, 112 de control previo y 2,285 de control posterior.
