La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín instó a las municipalidades provinciales de la región a adoptar acciones inmediatas dirigidas a proteger a la población, frente a los altos índices de inseguridad ciudadana.
En ese sentido, formuló un llamado ante las deficiencias en el sistema de videovigilancia municipal y la reducida cantidad de cámaras en ciudades como Moyobamba.
Donde solo se han implementado 10 de estos dispositivos para una población de más de 80 000 habitantes.
En efecto, durante una supervisión realizada a fines del año 2021, se pudo verificar un insuficiente número de equipos de videovigilancia para garantizar la seguridad en diversos puntos críticos de Moyobamba.
Como son, el ingreso y salida a esta ciudad, así como en el barrio de Lluyllucucha.
De acuerdo a información brindada por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se necesitaría un número mínimo de 120 dispositivos para asegurar una cobertura adecuada en dicha jurisdicción
Al respecto, la representante de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, manifestó su preocupación debido a que, en la actualidad el sistema de videovigilancia con el que se viene operando no se encuentra interconectado a ninguna de las comisarías del distrito.
Lo cual resulta ser una situación crítica debido a las altas cifras de delitos que se registran en la ciudad.
Sobre esto último, se señaló que, de acuerdo con el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Moyobamba del año 2021, de enero a setiembre del año 2020 se registraron cerca de 800 delitos en la capital de región, siendo los de mayor incidencia lesiones y hurto.
Asimismo, se precisó que, mediante un documento dirigido al alcalde provincial de Moyobamba, se le recomendó adoptar las medidas pertinentes a fin de viabilizar el presupuesto necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de videovigilancia, así como para incrementar su número y cubrir así diversos puntos de la ciudad.
Adicionalmente, se indicó que se han cursado oficios con el mismo tenor a los otros nueve alcaldes provinciales, a quienes les ha solicitado impulsar medidas inmediatas dirigidas a mejorar la seguridad de la ciudadanía en sus respectivas jurisdicciones y para garantizar la continuidad del servicio de serenazgo durante todo el ejercicio 2022.
Teniendo en cuenta que se trata de un año electoral regional y municipal y, por consiguiente, de renovación de autoridades y de sus administraciones.
Nota Defensoría del Pueblo
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