De manera inesperada, el movimiento antivacunas en el Perú ha encontrado un aliado en la bancada de Perú Libre (PL).
Y es que el grupo oficialista presentó un proyecto de ley que defiende los intereses de aquellos que se manifiestan en contra de la inmunización contra el COVID-19 que promueve el gobierno de Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia precisamente con el partido del lápiz.
La iniciativa legislativa, de autoría de la congresista Margot Palacios, se presentó con el nombre: “Ley que garantiza el ejercicio de los derechos humanos a la vida, a la salud y demás derechos fundamentales en época de pandemia”.
El texto no solo lleva las firmas del ala cerronista, integrada -por ejemplo- por el expremier Guido Bellido y el vocero Waldemar Cerrón, sino que también lo respaldan miembros de la facción cerronista como Lucinda Vásquez, Katy Ugarte, Edgar Tello y Segundo Quiroz.
DETALLES
El proyecto sostiene que se garantizará una serie de derechos, entre ellos, el que nadie podrá aplicar a una persona u obligarla a aplicarse un procedimiento quirúrgico, vacuna o medicamento en contra de su voluntad.
“Toda aplicación de estos procedimientos requiere el consentimiento informado del contenido, fundamentación científica y efectos secundarios que conllevan”, se lee en el escrito.
Otro punto menciona que toda persona tendrá derecho a objetar la imposición de medidas sanitarias que atentan contra su salud o vida.
Como se recuerda, en los últimos días quienes no se han vacunado han intentado presentar una especie de “carné de exención de vacunación”, al verse impedidos de ingresar a espacios cerrados donde se pide como requisito la inmunización.
Entre las nuevas medidas dictadas por el Gobierno, a fin de reactivar la economía, está el de presentar el carné de vacunación para ingresar a determinados espacios, a fin de aumentar los aforos, así como contar con las dos dosis para el trabajo presencial en centros laborales con 10 a más colaboradores.
Precisamente, el proyecto señala que “nadie podrá poner como requisito o condición la aplicación de un medicamento o vacuna a una persona para que se mantenga en un trabajo o empleo, o acceda a él, para viajar o transportarse, para acceder a cualquier establecimiento público o privado”.
Cabe mencionar que hace unos días se estableció que, en el caso del sector privado, quienes no han recibido la vacunación completa deben trabajar de manera remota, pero que si la actividad no permite las labores a distancia, se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo, sin goce de haberes (es decir, una suspensión perfecta de labores).
ADVERTENCIA
Otro de los aspectos de la propuesta remarca que nadie podrá obligar a una persona a que se aplique una prueba de diagnóstico viral (prueba molecular o rápida) para acceder al trabajo o permanecer en el, o viajar o ingresar a un establecimiento público o privado.
En la actualidad, las personas que no quieren inmunizarse aún pueden usar el transporte público, si es que presentan una prueba negativa tomada con 48 horas de anticipación.
En síntesis, con este proyecto de ley Perú Libre plantea medidas que se contraponen a las normas que ha dictado el Gobierno.
“Toda persona tiene derechos humanos inalienables, los cuales no podrán ser restringidos bajo pretexto de emergencia sanitaria o de cualquier otra índole”, precisan en el respectivo texto.
En esa línea, advierten que si se transgrede los derechos (de los no vacunados), será la Fiscalía la que deberá iniciar una acción penal por los delitos de discriminación, abuso de poder, coacción y contra la vida y la salud para quienes resulten responsables.
CONTRA LA SALUD PÚBLICA
En diálogo con Correo, el analista político Luis Benavente consideró que la iniciativa legislativa presentada por la congresista Margot Palacios no “tiene sentido”, porque “va en contra del bien común, como es la salud”.
“Es una propuesta extraña que no tiene ni pies ni cabeza en un contexto en el que el Gobierno, en representación del Estado, ha buscado la protección de la salud de los peruanos contra el COVID-19. El Gobierno, que es de Perú Libre, es el que ha propuesto las medidas como pedir carné de vacunación en los espacios cerrados. Ahora una congresista de la bancada oficialista propone medidas distintas a lo dispuesto por el Ejecutivo. No tiene sentido”, refirió.
Benavente resaltó que el planteamiento de la legisladora tiene sintonía con los movimientos radicales que no quieren vacunarse.
“La iniciativa hace eco a lo que dicen grupos minoritarios. Entiendo que habrá personas que no quieran vacunarse, pero existe, sin dudas, un consenso mayoritario en que la vacuna protege la salud”, comentó.
En ese sentido, estimó que la propuesta no prosperará en el Pleno del Congreso, ante el esperado pronunciamiento de diferentes autoridades e instituciones.
“Es un proyecto que no generará mayor consenso. Sabemos lo que el Ministerio de Salud va a decir sobre el tema, además de la postura conocida por el Colegio Médico, las enfermeras, los líderes de opinión, los medios de comunicación entre otros a favor de la vacunación”, añadió.
POSTURA
En la víspera, la premier Mirtha Vásquez fue consultada sobre la polémica iniciativa.
“En el Ejecutivo hemos tomado la decisión ampliamente consensuada para sacar una norma en que el Estado, como garante de la salud pública, está promoviendo normas para que todos se vacunen. Es nuestra obligación como Estado”, remarcó.
En diálogo con Canal N, la premier aseguró que defenderán las normas que emitió en el Gobierno, pues ningún derecho es absoluto o está por encima del derecho a la salud pública.
Adelantó que si la ley se aprueba (por insistencia) y se llega a judicializar, el Tribunal Constitucional (TC) les dará la razón como pasó en otros países.
“Lo principal en este momento es la salud pública”, puntualizó la premier.
Fuente: Correo
