La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín, con sede en Tarapoto, obtuvo cuatro años de prisión suspendida para dos exfuncionarios del sector Salud.
Quienes, en el año 2009, falsificaron documentos y firmas para apropiarse de más de 44 mil soles destinados a la mejora de servicios y equipamiento de seis puestos de salud y un hospital rural, en la provincia de Lamas.
Se trata de Laura Lily Tuesta Hidalgo (43) y Edwin Ríos López (49), quienes fueron hallados culpables por los delitos de peculado doloso y uso de documento falso, cuando ambos desempeñaban funciones como directora ejecutiva y jefe del área Logística de la Red de Salud Lamas, respectivamente.
La sentencia fue lograda por el fiscal provincial anticorrupción, José Luis Villalta Arriaga, quien, en juicio oral, demostró la comisión de estos delitos con pruebas admitidas por el juzgado unipersonal de Lamas.
Entre ellas destacan, los peritajes grafotécnicos, contables, informes de auditoría y de infraestructura, declaraciones testimoniales, entre otros.
Ambos condenados deberán cumplir reglas de conducta por un periodo de prueba de tres años. También deberán cancelar, de forma solidaria, la suma de S/ 75,000.00 soles, como reparación civil, en favor del Estado.
HECHOS DE MATERIA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a los hechos, en febrero del 2009, el Gobierno Central transfirió un total de S/ 112,00.00 soles a favor de la Red de Salud de Lamas, para mantenimiento, reposición y equipamiento de los puestos de Salud de Yurilamas, Alto Shamboyacu, Pamashto, Chiricyacu, Chirapa, Huayco Lamas y del Hospital Rural Lamas.
En esa circunstancia y amparados en el dictamen pericial de la Dirección Policial Contra la Corrupción (Dircocor), la fiscalía evidenció, entre otros aspectos, la existencia de incongruencias entre la ejecución física y financiera de la obras, determinándose que se apropiaron de un total de S/ 44,490.56 soles sin sustento alguno.
Dicho informe, además, señala que se falsificaron las firmas de doce pobladores que asumieron la función de veedores, con el fin de otorgar aparente conformidad de obra en las comunidades beneficiadas, a pesar de que cada local presentaba obras inconclusas en mantenimiento de infraestructura e instalaciones eléctricas y sanitarias.
Finalmente, la investigación fiscal corroboró que, la exdirectora tuvo acceso a los recursos públicos transferidos a cuentas a su nombre, mientras que, en coautoría con su exjefe de Logística, administraron el dinero y gestionaron los documentos con firmas falsas, en perjuicio de la población lameña.
Ministerio Público
