El Poder Judicial dió inicio este lunes 21 de febrero, desde las 09:00 a.m. al juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros once acusados por el caso de los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.
Se piden 20 años para Ollanta Humala y 26 años y 6 meses para Nadine Heredia, penas de entre 10 años y 26 años y 6 meses para el resto, y la disolución y liquidación del partido.
Se trata del primer juicio en el que participará el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. De acuerdo con sus protagonistas y especialistas consultados, su desarrollo y resultado impactará al resto de casos relacionados al delito de lavado de activos a partir de aportes a campañas políticas.
La tesis del Ministerio Público es que las campañas del Partido Nacionalista habrían recibido aportes ilegales de parte del Gobierno de Venezuela y de la empresa Odebrecht.
“Se habrían valido de dinero de fuente ilícita para introducirlo al sistema económico y lavarlo en las campañas electorales del 2006 y 2011 (…) Para legitimar este dinero maculado, utilizaron aportantes falsos”, explicó a El Comercio el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez Atoche.
La defensa de Ollanta Humala rechaza la tesis fiscal. El abogado Wilfredo Pedraza comentó a este Diario que niegan haber recibido esos aportes y que, en el supuesto negado de que hubiese sido así, esto representarían solo infracciones administrativas y no lavado de dinero.
“En el caso más extremo de la acusación se alude a aportes para campaña política, que no involucran contratos, recursos del estado, adendas (…) Vamos a trabajar en ambos planos, en la negación, pero también en la hipótesis de la fiscalía”, explicó.
El abogado César Nakazaki confirmó a El Comercio que representará a Nadine Heredia en el juicio. Sin embargo, no pudo dar declaraciones para este informe.
De la investigación al juicio
Este caso se remonta al 2015 y tomó un impulso inicial luego de que el fiscal Germán Juárez Atoche lo asumió ese año. “Es el doctor [Rafael] Vela quien me llama a su despacho y me dice que me va a encargar un caso bastante emblemático, que confiaba en la trayectoria que tenía como fiscal antidrogas”, contó el representante del Ministerio Público.
Germán Juárez recuerda que, por entonces, “todos pensaban que el caso estaba muerto”, pero que comenzó a citar a supuestos aportantes que le dijeron que nunca habían dado dinero a las campañas de nacionalismo, lo que le dio rumbo al caso.
Luego aparecieron las agendas de Nadine Heredia —que ahora serán prueba en el juicio—, audios y las declaraciones Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, exdirectivos de la constructora brasileña, sobre el presunto aporte de 3 millones de dólares a la campaña del 2011.
En julio del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia a pedido del fiscal Germán Juárez. la medida que se mantuvo hasta abril del 2018. El fiscal recuerda aquellas épocas como las más duras de este proceso.
“Ollanta Humala y Nadine Heredia todavía tenían cierto poder, a través de los medios de comunicación, que no fueron suaves conmigo. Me dieron con palo (…) Fue bastante fuerte, pero yo tenía que darle a mi equipo la seguridad de que estábamos haciendo un buen trabajo”, comentó.
La Fiscalía concluyó su investigación y presentó su acusación en mayo del 2019. El caso pasó a etapa de control de acusación, en la que el juez Concepción Carhuancho revisó si se cumplían los requisitos para pasar a juicio y que concluyó a fines del 2021. Luego se programó el inicio del juicio para el 21 de febrero del 2022.
Expectativas
El juzgamiento estará a cargo de un tribunal conformado por los jueces Nayko Coronado (presidenta), Raúl Caballero y Max Vengoa, de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. Participarán el Ministerio Público, las defensas y la Procuraduría de Lavado de Activos.
“Tengo el mejor de los conceptos de ese colegiado, sobre todo de la doctora Nayko [Coronado], que tiene mucha experiencia en casos bastantes difíciles, tiene manejo de audiencia”, destacó el fiscal. “Es una magistrada conocida por su seriedad, no genera ventajas a nadie. Los jueces hablan a través de sus decisiones”, opinó Wilfredo Pedraza.
En líneas generales, ambas partes (Fiscalía y defensa) se manifiestan confiadas en sus posiciones. “La expectativa del Ministerio Público es obtener una sentencia condenatoria, porque tiene un caso sólido, con bastantes elementos de prueba. Creo que en juicio se va a demostrar la responsabilidad penal de todos los acusados”, dice Juárez Atoche.
Pedraza aseguró que llegan al juicio “con bastante tranquilidad, con la seguridad de que, finalmente, jueces puedan evaluar la prueba”. “Hay mucha fantasía, mucha especulación, respecto a una supuesta contribución electoral de Odebrecht. Las pruebas van a demostrar que no fue así”, comentó.
Germán Juárez estimó que, por la cantidad de testigos, pruebas e implicados, el juicio podría durar un par de años, pero que todo dependerá del ritmo con el que se lleven las audiencias. A su criterio, deberían ser dos o tres por semana, pero la decisión en del juzgado.
“No es posible hacer una proyección [de la duración del juicio] (…) Lo más importante no es correr, sino actuar las pruebas con la profundidad que un caso así necesita”, respondió el abogado de Ollanta Humala sobre el mismo tema. Otras partes ligadas al juicio estiman que podría durar hasta tres años.
En la lista de 285 testigos citados hay desde políticos -como los procesados expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski– hasta exdirectivos de Odebrecht como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Germán Juárez indicó que las declaraciones de estos dos en el juicio están aseguradas a partir del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora y que se prevé que se den a través de videoconferencias.
Un caso trascendente
El consenso entre las partes y especialistas es que el resultado de este juicio influiría en casos similares que actualmente están en proceso. “Una vez se tenga una sentencia condenatoria, va a servir para el derrotero de los demás casos”, opinó el fiscal Germán Juárez.
“Este caso va a servir para los otros que también son materia de investigación, como el de Keiko Fujimori, que también habría recibido dinero de Odebrecht para su campaña electoral. Hay otras campañas que se están investigando. Es más, hay un caso similar que es el de ‘Los Dinámicos del Centro’, donde también habrían recibido dinero y con eso financiado una campaña”, detalló.
Wilfredo Pedraza sostiene que el caso de Keiko Fujimori es distinto, pero concuerda en que el resultado del juicio impactará en casos de lavado de activos vinculados a aportes de campaña.
“No estoy tan seguro de lo que se resuelva en nuestro caso sea la ruta para los demás temas, creo que tienen variables. Lo importante es que finalmente se va a discutir lo que significa en el Perú un aporte de campaña y si eso es o no lavado”, expresó.
Para el penalista Raúl Chanjan, lo que suceda en este juicio será relevante también porque mostrará cómo se desenvuelve el Equipo Especial Lava Jato en la que es considerada la “etapa estelar” de un proceso.
“Vamos a ver cómo se actúan las pruebas que durante todos estos años se han ido recabando. Será fundamental también, sobre todo, las declaraciones de los colaboradores eficaces que van a tener que actuarse en el juicio”, dijo.
El abogado agregó que, al ser un caso de lavado de activos, será importante ver cómo se logra acreditar que se podía presumir que el dinero en cuestión era de origen ilícito. “Eso es lo que es, quizás, el mayor desafío que tiene la fiscalía para probar en los casos Lava Jato”, opinó. “Puede tardar años en culminar”, calculó.
El exprocurador Antonio Maldonado señaló que el inicio del juicio tiene un enorme significado en el desarrollo del caso Lava Jato en Perú, que estalló a fines del 2016. “Nos acerca a, finalmente, la posibilidad de conocer la verdad y de saber, en efecto, si el señor Humala y su esposa tienen o no tienen responsabilidad penal”, dijo.
Su importancia también pasa, consideró, por abordar el lavado de activos cuando el delito previo a este es la corrupción.
“Nos va a permitir diferenciar esta conducta de la que fue posteriormente descrito como un delito parecido, el del financiamiento ilícito de partidos políticos”, dijo.
Agregó que, para lo que se resuelva en este caso sea considerado vinculante a casos futuros, todavía deberá llegar hasta la Corte Suprema.
Fuente: El Comercio
