A raíz de esta información sistematizada, varias organizaciones políticas anunciaron medidas. Juntos por el Perú señaló que evaluará el retiro de seis de sus postulantes. En contraste, Unión por el Perú ratificó el respaldo de sus 24 candidatos con historial. Desde otros partidos, representantes señalaron que no tenían idea de los antecedentes y reconocieron una falta de filtro.
Según el politólogo de la PUCP y ex presidente de la Comisión para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, del hallazgo se desprenden tres aspectos: la debilidad organizacional de los partidos, el derecho a la participación política, y las pocas garantías de relación entre hoja de vida limpia y autoridad proba.
-¿Por qué los partidos no estarían al tanto de los antecedentes de sus candidatos? ¿Qué responsabilidades deberían asumir ante la revelación?
Difícil que puedan asumir responsabilidad allí, cuando mayormente desconocen a sus candidatos. En realidad, los partidos se han convertido hace ya un buen tiempo en vehículos electorales y la relación que tienen con sus miembros es una relación muy débil. Claro, les piden antecedentes, pero muchos no necesariamente los proporcionan. Es todo un tema. Hay un problema a nivel organizativo de los partidos y de relación con sus propios candidatos.
-¿Cómo cree que debería valorar el votante la información sobre los antecedentes de los candidatos? ¿Se puede relativizar de acuerdo a cada caso concreto?
Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque los antecedentes no son todos del mismo nivel de importancia o de gravedad. Por lo demás, no todos aquellos que tienen sentencias corresponden a sentencias condenatorias o por cargos penales. Por lo mismo, vale recordar que la Constitución ya impide [se refiere a la reforma vigente desde setiembre de 2020] postular a quienes tienen condena vigente en primera instancia por delito doloso. En ese caso, se trata de un impedimento que determina el Jurado Nacional de Elecciones.
-Pero, ¿no considera una necesidad que los partidos manejen el criterio de candidaturas totalmente limpias de antecedentes?
Aquí hay un tema que yo quiero aprovechar en aclarar. Hay un derecho fundamental, que es a la participación política. Es cierto que, en los últimos años, muchos han intentado ingresar al Congreso e incluso algunos llegaron a ingresar y quedaron protegidos durante un tiempo por la inmunidad parlamentaria. Entonces, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que yo presidí, incorporamos -como uno de los proyectos de ley- esta reforma constitucional de impedimentos. Lo que no tomó el Congreso al aprobarla fue el mínimo de años [de sentencia] que nosotros habíamos sugerido. Eso no se tomó en cuenta y se dio una reforma general. A partir de cuatro años, se tendría la observación de un cierto nivel de gravedad.
Yo considero que siempre tiene que haber proporcionalidad porque acá la proporcionalidad está dada en relación al derecho fundamental a la participación política. Pero, claro, como en nuestro país hay un rechazo a los políticos y que, además, efectivamente, varios han sido vinculados o investigados por corrupción, se decide que lo que no hace un juez, lo hace el juez popular, que es el ciudadano.
-No compartiría la idea, entonces, de que los partidos retiren a sus candidatos por cualquier tipo de sentencia que hayan declarado.
Se afectaría el derecho a la participación política. Es más, si una persona pagó o purgó condena, es una persona rehabilitada. Pero si constantemente se les está colocando a esas personas como si su condena fuera permanente, creo que es un tema muy delicado. Y esto lo digo en términos generales; no por candidatos en particular. Estoy de acuerdo en que se debe hacer pública la información de candidatos porque es de interés ciudadano, pero también creo que hay que tener cuidado de que esto no ponga a todos por igual, exponiéndolos a una suerte de juicio público.
-¿Considera que los posibles retiros de candidaturas serían reacciones más vinculadas a la presión frente al votante que a un compromiso político de los partidos?
Para mí, quien debe decidir -salvo que corresponda alguna exclusión con respecto a la ley- es el elector. El elector es el que distingue y decide a quién dejar fuera por incompatibilidades que ya están fuera de lo que la ley prevé.
-Entonces, ¿para usted el marco normativo es suficiente en el país respecto de candidaturas?
Ya tenemos suficientes leyes y no se necesitan más leyes. El problema es que, dentro del ámbito electoral, en algunos casos hay excesos y en otros, hay déficit. Uno de los esfuerzos que hicimos con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política fue, más o menos, encuadrar las normas; cosa que no se ha hecho. Lo curioso es que los partidos luego se quejan de algo que ellos mismos han normado a través del Congreso. Luego, son víctimas de las leyes que producen; muchas de ellas, mal hechas o con deficiencias.
-Si bien hay sentencias ya concluidas y candidatos ya rehabilitados, ¿no estima que los partidos deberían hacer un correcto filtro y ser más estrictos con los historiales de vida de sus candidatos?
Eso sin duda. Es algo que se debe hacer. No debería ser necesario exigirlo. Es algo que deben tener en cuenta los partidos. Pero recordemos que estamos ante una gran mayoría de partidos orgánicamente muy débiles, muy informales, muchos sin capacidad de saber quiénes son los miembros o son partidos que se activan como organización solamente para elecciones… No estoy diciendo nada nuevo. Es algo que hemos visto en anteriores oportunidades y estoy seguro que se repetirá el próximo año, en las elecciones regionales y municipales. Ahora, la responsabilidad de ese filtro es de los partidos y no pueden atribuírsela al Poder Judicial o a los organismos electorales. Los partidos deben tener el cuidado suficiente.
-La debilidad de los partidos, nuevamente.
Por ahí leí a un partido que decía que se había entrevistado a cientos de personas para que sean candidatas. Qué curioso, ¿no? La gente va a un partido y simplemente dice ‘quiero ser candidato’. Y, claro, si cualquiera va y los partidos lo acogen, también se desprende otra realidad, que es que los partidos carecen de candidatos. Con sus propios miembros son casi incapaces de generar listas competitivas. Pero, claro, llenar una lista con miembros o invitados tampoco es garantía de nada.
-Volviendo a los candidatos con sentencias o procesos ya concluidos, ¿qué piensa de considerarlos proclives a no ser autoridades confiables?
No hay nada que garantice eso. Puede que un candidato que tiene una condena que ya cumplió resulte buen congresista. No encuentro una relación directa. Por lo mismo, puede haber un candidato limpio -sin antecedentes, con el mejor CV- que sea mal congresista. No digo corrupto, necesariamente; sino un mal congresista. Una persona se puede ir por las malas prácticas por varios motivos. Uno, porque quizá nunca ha tenido poder y luego lo va a tener a partir del 28 de julio. El poder cambia mucho a las personas.
