Gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, solicitó la declaratoria de emergencia por daños ocasionados a consecuencia de las lluvias, a fin de que, con apoyo de los ministerios, se tomen acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación.
En atención a la solicitud emitida por el Gobierno Regional, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió ayer el Decreto Supremo Nº052-2023-PCM declarando el Estado de Emergencia por el plazo de sesenta (60) días, en los distritos de Bajo Biavo y Huallaga de la provincia de Bellavista; en los distritos de El Porvenir y San Antonio de la provincia de San Martín; en el distrito de San José de Sisa de la provincia de El Dorado; en el distrito de Pinto Recodo de la provincia de Lamas; y, en el distrito de Moyobamba de la provincia de Moyobamba, del departamento de San Martín.
La Declaratoria de Emergencia fue aprobada por la PCM en base a la documentación sustentada, con las evidencias de los daños ocasionados a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, presentada por el gobernador regional, a través el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. La disposición emitida por el Ejecutivo permitirá realizar la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Grundel Jiménez dijo que, su equipo técnico elaboró la solicitud informando que las intensas precipitaciones pluviales vienen afectando de manera significativa la salud de las personas, viviendas, infraestructura educativa y de salud, vías de comunicación, infraestructura de riego, áreas de cultivo y las redes de agua y alcantarillado, en los distritos y provincias antes mencionadas.
De acuerdo a los puntos establecidos por el referido Decreto Supremo, el Gobierno Regional de San Martín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Transportes, Energía y Minas, de la Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, del Interior y el Ministerio de Defensa; asimismo las demás instituciones públicas y privadas involucradas, establecerán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.
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