El Gobierno de Dina Boluarte soltó al expresidente Alberto Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en una decisión que quebranta la justicia internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) había instado al Estado peruano a no excarcelarlo hasta que defina si la resolución del Tribunal Constitucional (TC) favorable al exdictador haría incumplir la sentencia supranacional sobre los casos que lo llevaron a prisión.
Boluarte pone al Perú en la lista de países que desacatan a la Corte IDH, como Venezuela y Nicaragua, al seguir el cuestionado acuerdo de tres magistrados del TC, vinculados al fujimorismo y a la derecha que le es afín aunque pudo haber atendido a la justicia internacional, que alertó el grave riesgo de caer en la impunidad de las matanzas de Fujimori, no lo hizo.
Desde temprano, afuera del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, simpatizantes de Fujimori lo vitoreaban esperando su salida su abogado, Elio Riera, trajinaba en trámites políticos fujimoristas se sumaban a visitas y bochinche.
Los hijos del exdictador, la lideresa ‘naranja’ Keiko Fujimori y el excongresista Kenji, fueron en un auto a Barbadillo para la liberación de su padre tras un tiempo de espera, finalmente salieron del recinto con el exmandatario condenado por homicidio y corrupción se cumplió entonces la pretensión de revivir el indultó que le concedió Pedro Pablo Kuczynski a fines del 2017, cuando gobernaba el país, y que luego fue anulado por el Poder Judicial tras detectar graves irregularidades.
“Quiero agradecer de todo corazón al presidente, al ex presidente PPK, por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el indulto humanitario”, dijo Kenji anoche a la prensa junto con su hermana.
