Dicen que en todos lados se cuecen habas, incluso dentro de aquellas instituciones que se supone tienen el deber de investigar los hechos irregulares que se cometen en otras instituciones públicas y privadas, sin embargo, reza un viejo y conocido refrán que en “casa de herrero, cuchillo de palo”.
Eso es lo que estaría ocurriendo nada más y nada menos que en el mismísimo Ministerio Público en San Martín, en donde los peritos de la Contraloría General de la República, han detectado graves irregularidades en contrataciones realizadas por la mencionada entidad, para el alquiler de sus locales institucionales en las ciudades de Lamas y Tarapoto.
Según un amplio y detallado informe de auditoría, funcionarios y servidores del distrito fiscal de San Martín, durante el período 2017 – 2023, en las contrataciones directas para el servicio de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las fiscalías de Tarapoto, realizaron los requerimientos del servicio y los actos preparatorios contraviniendo la normativa interna y de contrataciones del Estado; además, de otorgar la buena pro a postores únicos sin cumplir los términos de referencia establecidos en las bases.
Lo mismo estaría ocurriendo en la contratación directa para el servicio de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las sedes fiscales de la ciudad de Lamas, donde realizaron el requerimiento del servicio y los actos preparatorios contraviniendo la normativa interna y de contrataciones del Estado, además de otorgar la buena pro a postor único y propietario del inmueble que venían arrendado, pese a que su oferta no cumplía con los términos de referencia establecidos en las bases e incluía un incremento de la merced conductiva por un importe total de S/ 54 000, 00 a favor del contratista.
Estos hechos afectan los intereses de la entidad, los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad que deben regir las contrataciones públicas, el correcto funcionamiento de la administración pública, la salud, el cumplimiento de las funciones del personal al continuar laborando en ambientes inadecuados y hacinados, así como ocasiona el riesgo en la continuidad del uso del inmueble arrendando.
En el mencionado informe de auditoría elaborado por el personal de la Contraloría General de la República, también se señala que funcionarios y servidores del Ministerio Público durante el período 2021 – 2022, en la contratación directa del servicio de arrendamiento de inmueble para las sedes fiscales de Tarapoto, realizaron el requerimiento del servicio y los actos preparatorios contraviniendo la normativa interna y de contrataciones del Estado, además de otorgar la buena pro a postor único pese a que su oferta no cumplía con los términos de referencia establecidos de las bases por estar ubicado el inmueble en la faja marginal del río Shilcayo, lo que conllevó a resolver el contrato.
Estos hechos afectaron los intereses de la entidad, los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad que rigen las contrataciones públicas, el correcto funcionamiento de la administración pública; además, la salud e integridad del personal al continuar laborando en ambientes inadecuados y hacinados, lo que generaría el riesgo potencial ante una posible demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la entidad por más de un millón de soles.
En este mismo informe se solicita a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en los hechos precisados, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, se está solicitando al presidente de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos del Ministerio Público, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
También se solicita al presidente de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, disponer la evaluación de la modificación e incorporación en la «Directiva para la contratación de servicios de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las sedes del Ministerio Público» de los siguientes aspectos: Que, para la emisión del informe técnico por la Oficina General de Infraestructura se realice la inspección presencial de los inmuebles propuestos para el arrendamiento, a fin de verificar y garantizar que cumplan con los términos de referencia del área usuaria y el Reglamento Nacional de Edificaciones para el funcionamiento de la dependencia fiscal o administrativa que se proyecta instalar y si es adecuado para el cumplimiento de los fines institucionales. Que, para el inicio del funcionamiento de las sedes de las fiscalías se requiera a la entidad competente la emisión del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la renovación cada dos años conforme lo establece el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, a fin de garantizar ambientes que cumplan con las condiciones de infraestructura y seguridad, y ante el incumplimiento se realicen las acciones administrativas y legales que correspondan contra los responsables. Asimismo, recomiendan que se prohíba la contratación de inmuebles declarados por Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de los Gobiernos Locales con «Riesgo» o «Alto Riesgo» por incumplir con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En total, son 15 los funcionarios y servidores del Ministerio Público implicados en estos hechos irregulares, de los cuales se ha determinado responsabilidad administrativa para algunos y sobre otros recaería incluso responsabilidad penal.
Fuente: (Diario Amanecer)
