San Martín.- Como parte del Megaoperativo de Control en San Martín, la Contraloría General constató el colapso de dos espigones, producto de la mala ejecución de una partida en la obra de reparación del cerco perimétrico, defensa ribereña y red de alcantarillado en el colegio N° 0233, en la localidad de Montecristo, provincia de Tocache, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 258 236 a la Municipalidad Distrital de Shunte (MDSH).
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 013-2022-2-2982-SCE, el proyecto, que tiene una valorización de S/ 1 737 562, empezó a ejecutarse el 01 de diciembre de 2020 y fue recepcionado el 14 de junio del 2021.
En lo concerniente a la defensa ribereña, en la margen derecha del río Tocache, para el colegio en mención, se había considerado la construcción de un sistema de protección que constaba de cuatro espigones enrocados que debían tener forma trapezoidal y el diseño hidráulico establecido en los planos denominados “Lámina PT-01” y “Lámina “ES-01” del expediente técnico.
No obstante, se constató que la partida de “Colocación y acomodo de piedras en espigones” se realizó sin cumplir con las especificaciones exigidas, por ejemplo, en cuanto a la forma geométrica y longitud. En consecuencia, mediante dos inspecciones físicas, se verificó el colapso de los espigones N° 3 y N° 4; y de parte de la estructura frontal de los espigones N° 1 y N° 2 por arrastre del río.
Vale indicar que la MDSH no identificó la mala ejecución de los espigones de forma oportuna, puesto que, al momento de concretar la recepción de la obra, no hizo ninguna observación. En este caso, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios; y en uno solo civil.
El Informe de Control Específico está publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe y su resultado fue comunicado al titular de la entidad para que se efectúe el deslinde de responsabilidades que corresponda. Del mismo modo, se informó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República con el fin de que inicie las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en el hecho irregular.
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