La Contraloría General identificó durante un servicio de control posterior realizado a la Municipalidad Distrital de Buenos Aires, el perjuicio económico S/ 139 008 por el pago de la remuneración y dietas a alcaldes y regidores de dos gestiones ediles, debido a que los montos fijados superaban los legamente permitidos.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N°034-2020-2-2981, el Concejo Municipal de la gestión 2015-2018 aprobó el pago de montos excesivos -por concepto de remuneración y dietas- a los proyectados en el Decreto Supremo N° 025-2007 de la Presidencia de Concejo de Ministros.
De la revisión de la documentación, se advirtió que mediante el Acta de Sesión Ordinaria de Concejo de enero del 2015 se estableció que el sueldo del alcalde será S/ 3000 y la dieta de los regidores el 30% a dicho monto (S/ 900).
Según el reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera, la retribución económica inicial para el burgomaestre ascendía a S/ 2080 y para los concejales S/ 624. Solo en ese periodo edil se generó el perjuicio de S/ 111 408.
La comisión auditora precisó que, por ningún motivo, en base a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público, se debió aprobar estas modificaciones en la remuneración y dietas de las autoridades.
Asimismo, se identificó la participación de tres exgerentes municipales en este hecho, quienes, a pesar de su cargo directivo, autorizaron que los pagos.
Gestión 2019-2022
De la documentación proporcionada, se evidencia que el Concejo Municipal para el periodo 2019-2022 acordó continuar con la renunciación de la anterior gestión, a pesar que contravenía la normativa.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, a consecuencia del acuerdo municipal y la inobservancia del gerente municipal, se ocasionó el perjuicio económico por un monto s/ 27 600.
El informe de control, emitido por el Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de Picota, fue notificado al titular de la entidad a fin de que inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades.
Además, se recomendó el inicio de las acciones legales contra los funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad. El informe se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe.
