San Martín.- La Contraloría General, en el marco del Megaoperativo de Control en San Martín, detectó que la Municipalidad Distrital de Yorongos (MDY) favoreció al contratista de la obra de mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en dicho distrito, ubicado en la provincia de Rioja, con la aprobación irregular de dos suspensiones de plazo por un total de 58 días, lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/ 2 278 992 debido a la inaplicación de penalidades.
Del mismo modo, se le pagó S/ 144 988 a la contratista por trabajos no ejecutados y se le favoreció en el proceso de licitación, lo que generó que no se contrate a postor con oferta menos costosa.
De acuerdo con el Informe de Auditoría N° 001-2023-2-0470-AC, la obra, valorizada en S/ 23 818 281, beneficia a las localidades de Yorongos, Belén, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y La Libertad. El proyecto empezó a ejecutarse en octubre del 2019 pero el 31 de enero del 2020, la entidad aprobó una primera suspensión de plazo por 44 días, bajo el argumento de que por inclemencias climáticas (lluvias) no se podía continuar con los trabajos.
Sin embargo, la comisión de auditoría verificó que antes de dicha medida, la obra se ejecutaba con normalidad y que en pocas ocasiones se registraron precipitaciones, motivo por el cual no procedía el cese de actividades.
A esto se suma el hecho de que la contratista, de forma unilateral, paralizó labores desde el 2 al 15 de setiembre de 2020 (14 días), amparándose en que la MDY dispuso el cese temporal de actividades presenciales en la sede municipal para evitar la propagación del COVID-19. Posteriormente, se acordó el reinicio de la obra, de forma irregular, ya que no hubo un acuerdo de suspensión previo.
De otro lado, se evidenció, mediante la realización de 80 calicatas (pruebas) que la entidad pagó a la contratista por partidas de “Cama de apoyo de arena” que no se ejecutaron en las líneas de conducción del sistema de agua potable del proyecto.
Del mismo modo, se determinó que la entidad favoreció al contratista en el proceso de licitación, puesto que le otorgó la buena pro pese a que no cumplió con acreditar correctamente la experiencia profesional de su ingeniero residente, descartándose así a otro postor que sí cumplía con requisitos y cuya oferta económica era inferior (S/ 396 364 menos).
El análisis de la Contraloría determinó que tres funcionarios ediles tienen presunta responsabilidad penal en el caso, dos de tipo civil y administrativa; y dos de tipo penal, civil y/o administrativa.
El Informe de Auditoría está publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe y el resultado fue comunicado a la entidad, así como a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la Procuraduría Pública de la CGR para que inicien las acciones penales, civiles o administrativas correspondientes.
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