Ayer el Congreso demostró por qué tiene una alta desaprobación ante la ciudadanía: otra vez modificaron reglas electorales para beneficiarse ellos mismos.
El Pleno aprobó un dictamen –que se origina en dos proyectos de ley de Perú Libre y Podemos Perú– que reduce las multas a candidatos que cometan infracciones en su reportes de gastos y aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El texto sustitutorio que contó con el aval de la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, recibió 91 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones.
Solo votaron en contra algunos parlamentarios de Cambio Democrático, del Partido Morado y de Perú Democrático.
En teoría, el proyecto debió haberse sometido a segunda votación, pero Juárez solicitó que se le exonere de dicho trámite. El Pleno la respaldó con 93 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones.
Actualmente, los candidatos que no informan a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE sus gastos e ingresos de campaña dentro del plazo son sancionados con una multa no menor de 10 UIT y no mayor de 30 UIT.
Con esta ley esto se reduce considerablemente a un rango no menor de 1 UIT y no mayor de 5 UIT.
Asimismo, la legislación vigente sanciona que se trate artículos publicitarios como propaganda electoral con una multa de 30 UIT. Pero el texto sustitutorio de Juárez la disminuye a no menor de 5 UIT y no mayor de 30 UIT.
Esta no es la única maniobra que hicieron las bancadas en el Pleno para favorecerse entre sí en este proceso electoral.
Ley con nombre propio
Por la noche, con 83 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, el Pleno aprobó una ley con nombre propio que permite a los partidos políticos tener dos días más de plazo en el sistema de Declara, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para inscribir a sus precandidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Para agilizar su promulgación, las bancadas la exoneraron de trámite de segunda votación con 84 votos a favor.
Las agrupaciones que apoyaron esta propuesta –Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular– no tomaron en cuenta que el proceso electoral ya se encuentra en curso y que, por ende, el cronograma no puede alterarse porque las etapas son preclusivas.
La Junta de Portavoces se prestó para esta embestida al permitir que dicha iniciativa de ley sea exonerada de trámite de comisión –debió ser discutida primero en la Comisión de Constitución– y pase de forma exprés al debate en el Pleno.
El autor de este proyecto de ley es el congresista y vocero alterno de Acción Popular, José Alberto Arriola, quien cuenta con el respaldo de su bancada.
Recordemos que Acción Popular fue uno de los partidos políticos que se quedaron sin precandidatos para la alcaldía de Lima, precisamente porque su Comité Electoral no logró inscribir a tiempo a sus prepostulantes en la plataforma del JNE.
Esta norma le da un respiro al partido de la lampa para registrar a sus militantes que habían quedado fuera de carrera.
El derecho a la participación política, al que apeló Arriola, fue la excusa usada en AP para sustentar esta ley. El texto pasará a manos del Ejecutivo, que tendrá 15 días hábiles para promulgarla u observarla.
Irregularidades cometidas en Portavoces
La vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, planteó una cuestión de orden para que el proyecto de ley con nombre propio de Acción Popular se derive a la Comisión de Constitución.
El argumento de Luque fue que la Junta de Portavoces no puede exonerar de trámite de comisión proyectos que modifican leyes orgánicas. Precisamente, la iniciativa de AP altera la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas.
El Pleno igual rechazó la cuestión de orden.
Fuente: La República
