Los enfrentamientos originados a causa de la represión policial y de las fuerzas armadas durante las protestas socioambientales han cobrado la vida de 246 civiles y 35 policías en la última década, según la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, ningún efectivo policial ha sido sancionado por estos casos. A diferencia de los defensores de ambientales, quienes sí reciben condenas por reclamar su derecho a un medio ambiente sano.
Estas cifras fueron compartidas durante el Webinar ‘Derechos Humanos y criminalización de defensores en el sur andino’, organizado por Derechos Humanos Sin Fronteras y transmitido por las plataformas de Wayka.
El evento, que contó con la participación de los defensores Óscar Mollohuanca, Virginia Pinares, Alicia Castañeda y Ramiro Llatas, visibilizó la criminalización de la protesta en Cusco, Apurímac y Puno.
La violencia policial es la constante durante las protestas ciudadanas y más aún en las movilizaciones convocadas por defensores ambientales.
Estos enfrentamientos también han generado que, entre 2006 y 2019, 3 mil 256 civiles, 1 606 policías y 13 militares resultaran heridos. Debido a esto, numerosos defensores ambientales son procesados.
Solo por el caso de Espinar desde el 2012, 96 dirigentes han sido procesados e incluso se ha pedido cadena perpetua.
En contraste, ningún agente policial o de las Fuerzas Armadas ha sido sancionado. Según explicó el abogado Ramiro Llatas, la Ley 31012 de Protección Policial, también llamada ‘ley del gatillo fácil’, blinda a los policías que causan daños a la integridad física y vida de civiles durante las protestas. Para Llatas, «la ley permite que la policía pueda lesionar a las personas o pueda matar en impunidad».
«Casi todos los defensores ambientales han sido criminalizados por el hecho de defender el derecho a la protesta. Si se convoca a un paro la Fiscalía envía una notificación con la excusa de ‘prevención del delito’.
Eso es una herramienta para aplacar el derecho a la protesta. Es una forma de intimidarles, de decirles no protesten porque si protestas ya sabes, te inicio un proceso penal», agregó el abogado.
Por su parte, la defensora ambiental Virginia Pinares, señaló que estos conflictos se generan por la contaminación provocada por las actividades de las grandes empresas extractivas.
La ciudadana apurimeña recalcó que los permisos de trabajo para estas mineras se conceden sin respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades y pasando por alto sus reclamos.
«Nosotros estamos criminalizados, no solo de ahora, sino desde antes. Los derechos de ciudadanos son vulnerados. Cuando ellos (las empresas y el gobierno) no cumplen, tenemos que hacer una protesta o movilización», comentó la dirigente.
Además, agregó que el inicio de procesos legales contra los defensores no solo les perjudica a ellos, sino también a sus familias, quienes ven perjudicada su salud mental y emocional por la incertidumbre de no saber si serán enviados a prisión.
Fuente: Wayka
