Según la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM, existe alrededor de 807 078 hectáreas de bosques amazónicos en predios privados, por lo que con la aprobación de esta norma en el Congreso, “estas extensiones de bosques serían el potencial directo de deforestación sin importar que alberguen una gran diversidad de flora y fauna y que proveen bienes y servicios fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes, sobre todo el de los pueblos indígenas u originarios que habitan en gran parte de la Amazonía y cuyas formas de vida dependen de los recursos que los bosques ofrecen”, alertó Iris Olivera, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales.
La modificatoria de la ley presenta tres cambios:
El primero es la suspensión de la zonificación forestal; el segundo es la exclusión del MINAM en los procesos de zonificación forestal y en la emisión de opiniones técnicas; mientras que el tercer cambio consiste en la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en zonas privadas.
La especialista indicó que, con estos cambios, la modificatoria de la ley se podría convertir en un mecanismo de impunidad al instalarse actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar previamente si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria, lo que beneficiaría a actores que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal.
Esta iniciativa legislativa venía siendo promovida hace dos años, pero fue observada por la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Agricultura y Ambiente, así como por el SERFOR. Por ello, el Ejecutivo observó en el 2022 esta propuesta legislativa y en marzo de este año el Congreso decidió archivar la Autógrafa.
“Sin embargo se planteó una propuesta de reconsideración desde la Comisión Agraria del Congreso y el 14 de diciembre fue puesta en la agenda del Congreso y aprobada de manera extremadamente rápida, sin deliberación y sin tomar en cuenta el impacto que tendrá en la Amazonía y en los pueblos indígenas, obviando nuevamente la necesidad de la consulta previa legislativa”, alertó.
Esfuerzos en peligro
Para DAR estas medidas promueven la deforestación en la Amazonía y debilitan los compromisos asumidos por Perú frente a la lucha contra el cambio climático, tratados internacionales sobre temas ambientales, de comercio y de derechos humanos.
Entre estos compromisos internacionales y acuerdos suscritos por Perú están:
La Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI); el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Tratado de libre comercio (TLC) de Perú con la Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, que contiene el Anexo Forestal, para dirigir la atención a los importantes aspectos ambientales, sociales y económicos relacionados con los bosques peruanos y sus habitantes.
Cifras de deforestación
Según la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático del MINAM, una de las principales causas de la deforestación es la expansión de la agricultura, que alcanza un 51.6% a nivel nacional; mientras que el 48.4% proviene de otras causas como la ganadería a pequeña y mediana escala vinculada al cambio de uso de tierra; actividades extractivas ilegales e informales como la minería y tala ilegal; el cultivo de coca y la expansión de infraestructura con proyectos de hidroeléctricas, hidrocarburos y carreteras.
