En el Congreso ya se habla de tres posibles escenarios ante la investigación que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió al presidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Por un lado, se evalúa presentar una tercera moción de vacancia. Por otro, piden bajar de 87 a 78 la cantidad de votos necesarios para la destitución de un presidente.
Otras voces anuncian respaldarían un adelanto de elecciones. ¿Son viables estas iniciativas? ¿Tendrían respaldo?
Vacancia
El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, no descartó la posibilidad de volver a impulsar una moción de vacancia contra el presidente Castillo.
Se trataría de la tercera iniciativa contra el jefe de Estado en menos de un año.
En diálogo con El Comercio, Montoya señaló que primero se asegurará de contar con los votos necesarios (87) para que su moción prospere. “Es la única salida inmediata las otras modalidades demoran mucho”, dijo.
El parlamentario de Renovación Popular indicó que se encuentra a la espera de nuevos indicios que vinculen directamente al mandatario.
“Cualquier cosa se puede esperar de los audios e investigaciones, es necesaria la prudencia y la paciencia para acertar con la fecha adecuada”, aseveró.
Por su parte, su colega de bancada Alejandro Muñante saludó la decisión de fiscalía debido a que “este procedimiento dará herramientas” que se necesitan “para que una moción de esta naturaleza pueda llegar a buen puerto”.
Por su parte, los congresistas de Avanza País Norma Yarrow, Rosselli Amuruz y Diego Bazán buscan el respaldo de otros parlamentarios para modificar el artículo 89-A del reglamento del Congreso para bajar de 87 a 78 los votos necesarios para la vacancia presidencial.
A criterio de Muñante, de impulsarse esta moción, “quienes no voten a favor estarían cometiendo una abierta complicidad”.
Elecciones generales
Es un escenario que sí respaldarían – previa reforma política – los congresistas de Cambio Democrático, Ruth Luque, y de APP, Eduardo Salhuana.
“En las encuestas, los ciudadanos plantean como una de las posibles salidas a la crisis las elecciones generales. Pero habría que ver en qué cómo se da.
Yo creo que es una salida, pero requieren un conjunto condiciones y compromisos claros de todas las fuerzas políticas democráticas”, manifestó Luque.
“Evidentemente la situación en el país está mal. El presidente está gobernando de mala manera. Decisiones desacertadas. Ministros que no dan el nivel.
Encima de eso, síntomas de corrupción. La opinión pública dice que se vayan todos porque también tienen una mala imagen del Congreso”, señaló Salhuana.
“En ese sentido, hay que evaluar todos los escenarios. Nosotros apoyaríamos esta medida (elecciones generales) previa reforma política porque sino, de acá a uno o dos años, volveríamos a estar en lo mismo”, dijo.
Katy Ugarte dijo – a su posición personal – que ella “no tendría problema” de respaldar un proyecto de reforma como este; sin embargo, “es importante respetar democrático de todo el pueblo peruano”.
Sin embargo, la iniciativa no contaría con el respaldo de la mayoría de bancadas. De acuerdo a un informe de este Diario, los ánimos de los parlamentarios no son favorables con este proyecto de reforma constitucional.
Como se recuerda, hubo dos iniciativas en el Parlamento, impulsadas por los legisladores Pasión Dávila (ex Perú Libre) y Digna Calle (No agrupada).
Denuncia constitucional
Luque y Muñante coincidieron en que la investigación de fiscalía podría abrir paso a una denuncia constitucional.
En ese sentido, Muñante señaló que su posible moción de vacancia se presentará de manera paralela con una posible acusación constitucional “porque ha eso va a derivar la investigación de Pablo Sánchez”.
Para Luque, es fundamental “garantizar” la autonomía del Ministerio Público y que el Congreso tendrá que “evaluar en el marco de acusación constitucional sobre los presuntos delitos”.
No obstante, la parlamentaria añadió, que “hay que tener cuidado de que no exista lógica de persecución política”.
Sin embargo, a criterio de los constitucionalistas Erick Urbina y Gabriela Oporto, la denuncia no prosperaría debido a que los presuntos delitos que se le imputarían al jefe de Estado no están contemplado en el artículo 117 de la Constitución.
El referido artículo señala que el presidente de la República solo puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso.
Salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
“Si es que las investigaciones del fiscal llegan a la etapa acusatoria y hay delitos por los cuales se quiere acusar al presidente, lo primero que tiene que suceder es que el mandatario debe dejar de serlo, ya sea por destitución, vacancia o renuncia y recién ahí se somete a una acusación constitucional y un antejuicio porque él tiene ese privilegio hasta por cinco años desde que deja el mandato”, explicó Urbina.
Fuente: El Comercio
