El presidente Pedro Castillo vuelve a verse implicado en presuntos hechos delictivos a raíz de la declaración que dio la lobbista Karelim López ante la fiscalía de lavado de activos como parte del inicio de un proceso de colaboración eficaz.
De acuerdo a la también empresaria, Castillo Terrones integra “una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)” en la que también están involucrados el titular del sector, Juan Silva, y otras personas cercanas al mandatario.
Ello con el fin de dirigir licitaciones que habrían favorecido a la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., que ha ganado licitaciones con el Estado por más de S/580 millones durante el actual gobierno.
Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió a inicios de enero dos investigaciones preliminares contra el presidente Castillo. Una por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata.
La otra es por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por la supuesta interferencia del mandatario en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
El presente caso forma parte de una nueva pesquisa fiscal contra Karelim López, investigada también por en la fiscalía anticorrupción por los casos Petro-Perú y Provías.
En este caso, por lavado de activos, a raíz de la cual brindó su declaración. ¿Pero qué ilícitos implica en el caso del jefe de Estado?
Según la versión que da la lobbista, sobre el mandatario recaen sospechas de delitos contra la administración pública, como colusión, y corrupción de funcionarios.
“Esos, además, serían delito fuente para delitos de lavado de activos, porque estarían obteniendo ingresos procedentes de actos delictivos. Y esto sería delito de lavado de activos agravado, porque se habría cometido este delito por intermedio de una organización criminal. Y además, el participar de una organización criminal constituye delito”, explicó a El Comercio el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
A juicio del abogado penalista Carlos Caro, se trata de presuntos ilícitos que, en un concurso real de delitos que implica la sumatoria de las sanciones, implica penas que bordearían los 30 años de prisión.
“Ese nuevo caso se puede seguir contra el presidente por varios delitos: organización criminal o colusión, por lo que la aspirante a colaboradora llama mafia en el MTC, que finalmente se trata de contratos”.
“Por lo menos, en el bolo, tenemos: organización criminal, colusión desleal y lavado de activos en consecuencia. Podrían dar lugar a una nueva imputación contra el presidente en un nuevo caso”, consideró.
En la lectura del penalista Rafael Chanjan, se trata de varias figuras delictivas a nivel general a partir de lo que se ha conocido al momento, incluyendo colusión en el caso de direccionar licitaciones.
“Negociación incompatible de manera alternativa. Si hablamos de una operatividad planificada, reiterada, con permanencia de los actores en su accionar delictivo, organización criminal. Si hubo pago de coimas o beneficios indebidos, cohecho pasivo propio, cohecho activo, tráfico de influencias”, agregó.
En su declaración, Karelim López también sostuvo que la empresa beneficiada por la presunta red criminal está relacionada a cinco congresistas de Acción Popular:
Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos [ahora pertenece a la bancada de Perú Democrático] y otros dos congresistas que no fueron identificados.
Fuente: El Comercio
