Optar por comprar oxígeno a terceros, teniendo un planta generadora nueva, que no lo repararon desde el año 2018.
En los meses de mayo, junio y julio de 2020 la tragedia del covid-19 arrecio con una furia despiadada la región San Martín, en especial, Tarapoto.
Las escenas de dolor, llanto, desesperación, rabia e impotencia desgarraban no solo a las familias que habían perdido un ser querido, sino a la ciudad entera.
La gente moría, básicamente, por falta de oxígeno. El hospital tenía una planta nueva inoperativa desde el 2018 y negligentemente no lo reparaban por preferir comprar a privados.
La sociedad civil, exasperada, exigió que dejaran entrar a profesionales del colegio de ingenieros a reparar de manera urgente dicha planta para evitar más muertes y al Ministerio Público y Defensoría una intervención inmediata porque era inconcebible que teniendo un equipamiento sanitario nuevo este esté malogrado y no muevan un dedo para repararla.
Las rondas por su parte, dieron plazo a Bogarín para que tome cartas en el asunto sino le iba a caer la cadena ronderil, mientras otros pedían a gritos su revocatoria.
Las muertes no cesaban, cada vez personajes reconocidos y muy populares eran víctimas del covid-19 y el testimonio desgarrador de las familias era que morían por falta de oxígeno.
En esas circunstancias entró a tallar la Fiscalía de Crimen Organizado cuyos integrantes manifestaron de la existencia de una presunta mafia del oxígeno vinculada al Gobierno Regional aperturando de inmediato una investigación sumaria contra los que resulten responsables.
Siete meses después de estos escándalos la Contraloría da pistas de la actuación negligente, insensata y presuntamente delictiva de funcionarios de la OGESS y el Hospital de Tarapoto que no repararon la planta de oxígeno y que ha costado decenas de vidas humanas abatidos por el covid-19.
Según el informe de control elaborado por la Contraloría, la primera advertencia que la planta de oxigeno tenía problemas ha sido el 09 de noviembre de 2017. Ojo, 2017.
Luego, como les importaba un pepino y las piezas se iban desgastando, desde el 04 de junio de 2018 requirieron insistentemente el mantenimiento de dicha planta.
Pero, nuevamente los directivos, funcionarios y servidores del hospital no mostraron el mínimo interés hasta que se malogró por completo el 10 de diciembre de 2018.
Así, en esas condiciones lo dejo el corrupto e incompetente gobierno de Noriega, a la sazón médico de profesión.
El 2019 entró Bogarín, otro médico como gobernador y las expectativas que se iba a poner orden y mejorar el tema sanitario, rápidamente se desvanecieron. La cosa iba para peor.
Ese año, los nuevos funcionarios designados demostraron tanta incapacidad e indiferencia como sus antecesores.
La planta siguió malograda todo el 2019 y seguían comprando oxígeno a terceros, según la Fiscalía de crimen organizado había una mafia del oxígeno que prefería que la planta estuviese malograda para hacer un negociado con los proveedores de oxígeno.
Sin embargo, la Contraloría detectó que los nuevos funcionarios si intentaron contratar una empresa que reparara dicha planta.
El primer intento fue el 12 de abril, el segundo, el 02 de agosto del 2019, pero en ambos casos los contratos fueron sospechosamente mal hechos y la cosa quedó en nada y siguieron comprando a terceros.
El 2020, continuó la suspicaz pasividad de los directivos y funcionarios del hospital de Tarapoto. Seguían comprando a terceros en lugar de reparar la planta nueva que tenían.
Entonces vino la pandemia y en apuros, vulnerando las normas de contrataciones del estado adjudicaron irregularmente el servicio a una empresa pagando el doble de lo que otro proveedor había cotizado logrando por fin reparar la planta recién el 14 de julio de 2020, cuando decenas de personas habían fallecido.
A estas alturas no se sabe a ciencia cierta el avance de las investigaciones del ministerio público respecto a la mafia del oxígeno; sin embargo, la Contraloría a través del informe de control ejecutado respecto a este espinoso asunto, ha identificado a trece funcionarios de la gestión de Noriega y Bogarín.
Quienes tendrían supuesta responsabilidad penal y administrativa por haber actuado al margen de la ley y causado con su negligencia la muerte de muchas personas por no lograr la reparación de tan importante equipamiento sanitario de manera oportuna.
Los funcionarios que deben desfilar por el banquillo de los acusados y con alta probabilidad de recibir una drástica sanción penal así como el pago de una reparación civil e inhabilitación para ejercer cargo público son:
Manuel Vásquez Contreras, Cesar Diez Espinoza, Juan Carlos Tenazoa, Jhony Vela Macedo, Jaime Delgado Orbe, Diana Rocha Sandoval, Manuel Pérez Kuga, Jorge Arévalo Sandoval, Luis Yalta Ramírez, Juan Antonio Sheen Plasencia, Manuel Copia Chacon, Gibson Grandez Seijas y Luis Torres Lozano.
Si el sistema de administración de justicia no funciona en este caso, como viene ocurriendo, las almas de los muertos por covid-19 en el hospital de Tarapoto no solo no descansaran en paz, sino los perseguirán en sus conciencias clamando paz, verdad y justicia.
MNC MEDIOS
