En lo que va del 2021, por lo menos tres dirigentes indígenas dedicados a la defensa de sus bosques fueron asesinados por las mafias que operan en la selva peruana, como el tráfico de tierras, el narcotráfico, la tala y minería ilegal.
Frente a esta situación, el Gobierno emitió un decreto supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
A través del Decreto Supremo 004-2021-JUS, el Gobierno asignó al Ministerio de Justicia la coordinación para proteger a los defensores de derechos humanos en peligro, como dirigentes sindicales y de comunidades indígenas o campesinas, periodistas y activistas de los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ.
En el Mecanismo intersectorial también intervendrán las carteras del Interior, Ambiente, Cultura, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.
El área específica a cargo de la protección de los defensores será el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, del Minjus, de donde se designará a funcionarios con capacidad de decisión.
También se implementará un protocolo de medidas y actuación que será realizado en coordinación con el Ministerio del Interior.
En Junín, Estela Casanto Mauricio fue una de las últimas defensoras ambientales asesinadas en marzo de este año por presuntos traficantes de tierras. Gráfica: Wayka.
A su vez, también se instalará un Registro sobre situaciones de riesgo de los defensores de derechos humanos, la cual tendrá información actualizada sobre reportes de agresiones, amenazas o situaciones de riesgo, incluso las que ocurrieron antes de la vigencia de esta norma.
Este registro reportará casos de atentados contra la vida, detenciones arbitrarias, acoso, hostilización, agravios contra el honor, discriminación, hurto de información, destrucción de la propiedad, obstrucción al libre tránsito, afectación al ambiente o recursos naturales, estigmatización, mensajes de odio, y violencia de género como física, sexual, psicológica o económica.
DEFENSORES EN PELIGRO
Solo en los últimos cuatro meses de este año, por lo menos tres líderes indígenas fueron asesinados en el marco de la defensa de sus bosques de actividades ilícitas:
Erasmo García Grau, Yenes Ríos Bonsano (Ucayali) y Estela Casanto Mauricio (Junín). Y en los últimos cuatro años, de acuerdo al último reporte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 120 fueron víctimas de ataques, otros 800 fueron criminalizados o perseguidos judicialmente.
Además, solo de enero a octubre de 2020, otros cuatro dirigentes indígenas también fueron asesinados por las mafias organizadas:
Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, Gonzalo Pío Flores y Roberto Villanueva Pacheco. Mientras que por lo menos 19 dirigentes de sindicatos de construcción civil también fueron ejecutados del 2011 al 2020.
Como se recuerda, actualmente el Poder Judicial tiene en trámite varios procesos judiciales seguidos contra defensores de los derechos humanos. Uno de ellos es la denuncia penal presentada por Tamshi SAC contra la defensora ambiental Lucila Pautrat Oyarzún, por supuesta difamación calumniosa agravada, cuando denunció a la empresa de talar ilegalmente en el Fundo Tamshiyacu, en la región Loreto.
Sobre ese proceso judicial, el magistrado Jonathan Pacherrez Lumbre, a cargo del 43° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, resolvió a favor de Tamshi SAC y condenó a Lucila Pautrat a dos años de pena privativa de la libertad y al pago de S/50 mil de multa.
Pese a tener una sentencia en su contra, el Poder Judicial ya admitió el recurso de apelación de la defensora ambiental de Loreto.
En la costa peruana también se han reportado casos de persecución judicial y ataques a defensores de derechos humanos. Uno de esos casos es el de Félix Maza Juárez y su comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, de Piura, donde sufren el azote del tráfico de tierras de una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Félix Maza, comunero de Catacaos. En sus manos el acta policial donde consta el ataque en su contra.
Hace menos de dos meses, el pasado 5 de marzo, cerca de veinte disparos impactaron contra la choza de Félix Maza, quien tuvo que esconderse como pudo para sobrevivir.
Félix, además, afronta una denuncia penal presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio, por la disputa de las tierras comunales donde vivieron siempre. Como Félix, otros 38 comuneros de Catacaos también afrontan juicios por supuesta usurpación de terrenos.
Es en casos como los mencionados en donde entrará a aplicar el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que buscará garantizar apoyo a las víctimas, así como contribuir en el respeto de los tratados de derechos humanos internacionales, la protección del ambiente, los territorios de los pueblos indígenas u originarios y los recursos naturales que los rodea.
Fuente: Wayka
