En 1922, hace cien años, durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930), se votaba de otra manera: el voto no era universal y se restringía a los hombres alfabetos, mayores de 21 años o casados de cualquier edad. Ni mujeres ni analfabetos votaban. Ese año fue la última vez, hasta 1963, que se eligió por voto popular a los alcaldes del Perú.
Antes de terminar el siglo XIX, todo se regía por la Constitución de 1860, pero los cambios en el sistema electoral se dieron en tiempos de Piérola con la “Ley de 1896″. Pese a esto, siguieron los límites en el número de votantes y la discriminación social y económica del electorado, anota el historiador Víctor Peralta en su ensayo “Los vicios del voto: el proceso electoral en el Perú: 1895-1929″ (2005).
Tras el final de la denominada República Aristocrática (1896-1912), y luego de un periodo de violencia electora con el ex alcalde de Lima y presidente del Perú, Guillermo Billinghurst (1912-1914), una nueva Constitución fue aprobada en diciembre de 1919 por una Asamblea Nacional complaciente con Leguía. Este la promulgó el 18 de enero de 1920.
1922: MOMENTO ELECTORAL CON UNA RENOVADA CONSTITUCIÓN
Para julio de ese año, El Comercio informaba casi diariamente sobre la campaña electoral municipal en Lima y otras ciudades del país, con la publicación incluso de avisos oficiales para que los ciudadanos se registraran en las municipalidades. Podían participar en la elección los hombres alfabetos, de 21 años o casados. Hace cien años, para sufragar en el país se requería también de un registro previo.
En el ámbito local, el registro era habitual en las parroquias, pero para entonces ya existían “registros municipales” como requisito para el voto. El historiador Héctor López Martínez anota: “Existía aún un régimen de voto censitario, donde los ciudadanos que pagaban más impuestos tenían una serie de prerrogativas a la hora de la elección para ocupar cargos. Gozaban de un trato especial”.
Bajo las reglas de la Constitución de 1920, los peruanos hicieron frente a las urnas municipales a mediados de ese mismo año. Esa votación municipal en Lima -la penúltima con voto popular, la última será la de 1922 y de allí hasta 1963– fue muy recordada, puesto que el candidato (y luego alcalde) leguiista Pedro Pablo Mujica Carassa contó con el apoyo total del régimen, así como de sus instancias políticas y sociales.
El presidente de la República Augusto B. Leguía promulgó la nueva Constitución el 18 de enero de 1920, justamente en el aniversario de Lima.
El historiador Juan Luis Orrego afirma que hace un siglo “había elecciones, pero no eran populares”. Estas se organizaban en “juntas electorales” cerradas y de entre sus miembros (un puñado de vecinos), salían los alcaldes.
Orrego añade que, “básicamente, eran juntas de vecinos ‘notables’ y podían votar los extranjeros. De hecho, hubo alcaldes de origen italiano en algunos municipios”. Además, precisa que este sistema provenía del siglo XIX, con los cabildos, “y sustancialmente no varió desde la época virreinal”. Se podría decir que eran prácticas “democráticas” heredadas de la Colonia. Un tipo de elección democrática de corte elitista, claramente, “pero ese era el concepto de democracia que se manejaba en América Latina”.
Para el historiador Orrego, las muestras de corrupción del oncenio de Leguía no tocaron en gran medida este nivel de representación. “Yo creo que la corrupción estaba a otro nivel”, indica. Y está casi seguro de que los alcaldes no recibían sueldo, ellos ejercían su función en sus tiempos libres. “Era otra realidad lo que se vivía, sobre todo en las pequeñas ciudades; porque en las grandes urbes las cosas podían variar”, comenta.
De la misma idea es el doctor Héctor López Martínez: “No había funcionario público, mayor o menor, que no estuviera en esos años designado o con el visto bueno de Leguía”.
Quizás por todo ello, el régimen leguiista ya tenía pensado controlar el gobierno municipal. Las elecciones ediles de 1920 y 1922 fueron las últimas que se dieron de forma directa, con masa popular en mesas públicas.
Una vez en el poder, el gobierno ya tenía listo un proyecto de ley sobre elección de alcaldes y concejales provinciales. La Asamblea Nacional -posteriormente Congreso- le agregaría un artículo por el cual, en tanto se efectuaba su renovación legal, el gobierno podía nombrar “municipios provisionales”. Así, en 1924 empezó la práctica política de nombrar a dedo -desde el Gobierno Central- a las autoridades edilicias.
Recién en 1963 se retomó la idea de elegir en votación popular a las autoridades locales. Se acabaron así los viejos “decretos de nombramiento”; aunque la dictadura militar de 1968 a 1980 volvió a ellos. El sistema democrático desde comienzos de los años 80 permitió volver de manera definitiva a la sana práctica de elegir a nuestras autoridades municipales a través de una votación universal, secreta y directa. Hoy, hasta podemos elegir nuestro propio local de votación por medio de un teléfono móvil.
Fuente: El Comercio
