- Se confirmó que solo el 32% de las municipalidades realizaron la compra y entrega de canastas sin ninguna observación.
Después de los servicios de control de emergencias sanitarias provistos por COVID-19, la oficina del Contralor General supervisó los procesos de compra, almacenamiento y entrega de canastas básicas a familias con bajos recursos económicos en 561 comunidades en todo el país, de las cuales el 32% estaban aún en la fase de compra y la distribución de estas sin observación alguna, en el resto se ha identificado algún tipo de evento que podría afectar el propósito de esta ayuda.
Del número total de municipios involucrados, 91 corresponden a las jurisdicciones de las provincias y 470 a los distritos de todas las regiones. Más de 400 auditores están involucrados en este control de gastos de la emergencia sanitaria COVID-19.
HECHOS RECONOCIDOS
Acompañados por los verificadores de la Contraloría, se identificaron varias deficiencias que se informaron a las autoridades locales para que pudieran tomar las medidas correctivas inmediatas y necesarias para hacer que la compra de canastas de alimentos sea más transparente.
Los eventos identificados se relacionan principalmente con deficiencias en la distribución de canastas que ocurrieron en 130 municipios (23% del total), tales como: faltante de padreones beneficiarios, padrones no actualizados, inexistencia de actas de entrega, entre otros.
En segundo lugar, hubo demoras en el suministro de alimentos, lo que se reflejó en un total de 113 municipios, lo que representó el 20% del número total de municipios supervisados. Este grupo incluye comunidades que retrasaron la convocatoria del proceso, la demora en la selección del proveedor y la falta de proveedores durante la entrega del producto.
También se descubrió que 86 municipios (15% del total) tienen ineficiencias en la fase de almacenamiento, principalmente al uso de locales que no cuentan con la documentación querida, o sin personal protegido para almacenar los alimentos antes de su distribución .
Otro hecho señalado por los auditores es la deficiencia de los productos comprados por 33 municipios (6% del total), en particular las diferencias de peso de los productos comprados, la falta de registro de higiene, la falta de seguridad, la falta de fecha de vencimiento, alimentos en mal estado, entre otros.
Mientras que el 32% (179) de los municipios estaban en el proceso de implementación del suministro de alimentos y los procesos de distribución de canastas para las familias beneficiarias vulnerables en el momento de la visita del auditor, de acuerdo con las disposiciones de las regulaciones de emergencia N° 033-2020. Mientras que 15 municipios (3%) ya habían culminado con la distribución de canastas de alimentos.
En menor medida, pero no menos importante, son los casos de sobrevaloración de los precios de los suministros comprados, la falta de funcionarios hizo imposible realizar visitas de inspección, el proselitismo de la entrega de cestas y la entrega de canastas a miembros de las autoridades y funcionarios ediles, que aparecen en los informes de control respectivos que se publican progresivamente en el sitio web de la Contraloria.
