En medio de investigaciones fiscales e indicios de corrupción que involucran al Gobierno de Pedro Castillo, el ministro de Justicia, Félix Chero anunció que elaboran un proyecto de ley cuyo objetivo es sancionar a fiscales, jueces, abogados y policías por filtraciones de información correspondientes a una investigación en curso.
Al respecto, especialistas en derecho y representantes de gremios periodísticos criticaron la propuesta y cuestionaron las verdades motivaciones detrás de la iniciativa, que se da en un contexto marcado por las revelaciones en casos que involucran al Gobierno.
El ministro de Justicia informó el domingo en Canal N que el equipo técnico de su sector tenía elaborada la propuesta y que estaba previsto presentarla esta semana ante el Consejo de Ministros. Según dijo, parten de la idea de que la investigación fiscal o judicial es reservada y que solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso.
“No estamos hablando de los medios de comunicación, allí sí quiero delimitar. Ellos tienen sus propias fuentes, sus propios medios, libertad de expresión, respeto absoluto. Pero si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros, sería un delito”, dijo al programa Patio de Honor.
El ministro indicó que la propuesta es que la sanción sea de entre dos y tres años de prisión suspendida y sostuvo que “el sistema de justicia tiene que ver porque sus funcionarios reserven la investigación a efectos que esta no se desnaturalice”.
“Es para proteger la presunción de inocencia como derecho fundamental de cualquier investigado. No olvidemos que constantemente hay una proclama de que se protejan los derechos de los investigados que son puesto en el ojo público como delincuentes, no como presuntos [delincuentes]”, afirmó.
Sobre si esto afectaría la labora de la prensa, respondió que “los periodistas tienen sus propias fuentes, sus propios medios; sin embargo, cuando se hace con fines de obstruir u obstaculizar, o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer no solo mecanismos de control, de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad”, agregó.
Cuando se le preguntó si esta ley obligaría a los periodistas que publiquen información sobre estas investigaciones a revelar sus fuentes, Félix Chero afirmó que “por supuesto que no, en absoluto”. “Hay otros mecanismos de investigación que no necesariamente pasan, porque es imposible, en un estado de derecho, donde se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, que a un periodista se le obligue a revelar su fuente”, expresó.
También dijo que “no necesariamente” el que recibe la información filtrada es un periodista. “La puede recibir cualquier otra persona que esté interesada en tener esa información para presionar testigos, para presionar a las partes”, aseveró.
Peligros y cuestionamientos
En diálogo con El Comercio, el exprocurador Antonio Maldonado calificó de “innecesaria” la propuesta y consideró que se podría interpretar como un intento del Ejecutivo para evitar futuras filtraciones de casos que implican al presidente; así como intimidar a los operadores de justicia que actualmente tiene a cargo estas indagaciones.
“Esta medida, que puede ser de carácter estrictamente legal, hay que analizarla en el contexto en el cual hay una serie de prófugos (…) que es evidente que han huido en el contexto de un plan diseñado para ese propósito: proteger al presidente. Esta es otra táctica, esta vez en el campo legal, que se usa de parte del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, para ese propósito: evitar que sigan saliendo información de dentro de los procesos que comprometen cada vez más al presidente”.
El abogado agregó que “es un instrumento de intimidación y de amenaza contra fiscales y jueces” y que los intentos de controlar el accionar de estos magistrados son propios de gobiernos autoritarios, al margen de su tendencia política. “Ahora será que no salgan [las filtraciones], luego será que las investigaciones sean a favor de los investigados, sobre todo si es gente con poder político, o que en las sentencias se falle a favor de los acusados. Estoy hay que rechazarlo”, manifestó.
Antonio Maldonado agregó que la norma vulneraría normas internaciones de protección a los derechos humanos en materia de la independencia e imparcialidad de la justicia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Además, indicó que en casos de presunta corrupción las víctimas son el Estado y la ciudadanía, la cual tiene derecho a tener información de este tipo de investigaciones.
En la misma línea, el exprocurador Luis Vargas Valdivia opinó que -sin perjuicio de conocer el proyecto al detalle más adelante- la propuesta resulta “preocupante”. Según dijo, la reserva de una investigación busca preservar la presunción de inocencia de los imputados, pero que esta no es absoluta ya que la información se da a conocer también ante los jueces en audiencias públicas tanto en la etapa de investigación como en la fase del juicio y el control de acusación.
“La tendencia en el mundo jurídico es reducir esa protección [de la reserva], tratándose de funcionarios que son procesados por delitos contra la administración pública, porque quien accede tiene la obligación de la transparencia en su conducta (…) La tendencia es reducir esa reserva para que estos procesos sean públicos en todas las etapas, tanto en la investigación como en las acciones del Poder Judicial. Lo que se busca con eso es salvaguardar el derecho de la ciudadanía de controlar la actuación de sus funcionarios”, detalló.
El proyecto anunciado por el Ejecutivo, agregó, va en contra de esta tendencia y no toma en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que advierten la necesidad de proteger la libertad de prensa, cuyas publicaciones aportan a las investigaciones por corrupción y crimen organizado. “Es obvio que la consecuencia de este proyecto va a ser tratar de eliminar al mensajero en lugar de propender a una lucha efectiva contra la corrupción”, opinó.
“Lo que busca el proyecto es desincentivar a los medios de comunicación de informar a la colectividad del avance de las investigaciones. Por el contrario, yo creo que el ministro debería presentar un proyecto de ley estableciendo que, en estos delitos contra la administración pública, el Ministerio Público está facultado y obligado a rendir cuenta a la ciudadanía del avance de las investigaciones”, declaró.
Vargas Valdivia también consideró pertinente señalar que esta propuesta coincide con una tendencia del Ejecutivo a ir en contra de los medios de comunicación, acusándola de desinformar y de ser responsable de la desaprobación del presidente. “No es coincidencia que justo lo que se buscaría, o la consecuencia de aprobar el proyecto, sería evitar que la ciudadanía conozca el avance de las investigaciones”, señaló.
La abogada penalista Liliana Calderón comentó que la propuesta no es adecuada, en particular porque restringiría la labor de la prensa y porque responsabilizar a fiscales y jueces choca contra el principio de responsabilidad objetiva. “Por el solo hecho de tener el cargo de juez o fiscal no te pueden responsabilizar penalmente. Podría ser cualquiera, una de las partes la que revela la información, un trabajador judicial”, dijo.
Calderón incidió en que revelar información en casos que involucran a personas con poder, sea en el Ejecutivo o Legislativo, responde a un interés público. “Bajo ese supuesto, nunca hubiéramos conocido los esquemas de corrupción de ningún gobierno”, dijo. Además, indicó que la propuesta podría también beneficiar a intereses en el Congreso, que es al finalmente se presentaría el proyecto de ley.
Una fuente vinculada al Ministerio Público también calificó la medida de innecesaria, ya que ya están previstas sanciones a nivel administrativo por las filtraciones y porque el código penal ya castiga, por ejemplo, el revelar la identidad de un colaborador eficaz. Además, indicó que, si bien la investigación fiscal tiene reserva por el mencionado derecho a la presunción de inocencia, esta se contrapone con el interés de la ciudadanía ante casos que son de interés público.
«Representa una amenaza para la libertad de expresión»
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana, comentó a El Comercio que la propuesta representa una amenaza a la libertad de información.
“A nosotros, como ciudadanos, no nos importa respetar el procesalismo de la carrera fiscal, nos importa conocer la información (…) Por un momento, olvidémonos de lo procesal y pensemos más bien en el beneficio al ciudadano”, dijo.
Mencionó que, por ejemplo, el Caso Lava Jato avanzó en gran parte porque la prensa publicó información filtrada que estaba siendo investigada, lo que sirvió para proteger el avance de dichas indagaciones.
“Recordemos que el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry quiso sacar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, y la gente salió y marchó, porque la información del caso salía al público a través de los medios”, señaló.
Salazar apuntó también que, en el 2019, el entonces congresista fujimorista Héctor Becerril también impulsó un proyecto de ley con un propósito similar de modificar la ley de carrera fiscal para que no se pueda transmitir o filtrar información de un medio de comunicación.
“Ahora es básicamente lo mismo. Hay investigaciones sobre el presidente, sobre su entorno más cercano. Es evidente que un ministro del sector, alineado a eso, quisiera evitar que estas cosas se conozcan”, expresó.
Además, coincidió con que el proyecto se puede percibir como un posible intento de amedrentar a la fiscalía y el Poder Judicial; lo que, “en un país con instituciones débiles e intereses de por medio que afectan el normal desenvolvimiento institucional, es riesgoso”.
Adriana León, directora del Área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), resaltó que las filtraciones han servido para impulsar investigaciones tanto a nivel internacional, como Lava Jato o Panama Papers; como en el Perú en los últimos años.
Con esto en cuenta, “lo que intenta este proyecto de ley es penalizar a un periodista que publique información filtrada, en el fondo es eso (…) también atenta contra la libertad de información, porque no nos vamos a poder enterar de asuntos de interés público que podría ser penalizado si un periodista lo transmite”.
Pese a la negativa del ministro al respecto, Adriana León manifestó que “no me cabe duda de que van a presionar a la prensa para revelar fuentes”. En esa línea, comparó el proyecto al que se impulsa en el Congreso para modificar la colaboración eficaz y también imponer sanciones por filtraciones.
“Estamos en un momento complejo para la prensa, tanto de parte del Ejecutivo como del Legislativo”, indicó. Además, indicó que todo apunta a que la iniciativa tiene el propósito de evitar futuras filtraciones de información de casos que pudiesen implicar al presidente y su gobierno.
Fuente: El Comercio
