- A nivel de la provincia de Moyobamba falta el distrito de Yantalo.
- A nivel regional falta sumarse la provincia de Huallaga.
Con el fin de erradicar la violencia hacia la mujer a nivel regional, la Defensoría del Pueblo – San Martín, mediante Oficio, exhortó al Gobierno Regional y a 30 municipalidades (provinciales y distritales), implementar las instancias de concertación. La misma que contempla la necesidad de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en la materia, considerando la realidad de cada localidad para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y el Plan Nacional contra la violencia de Género 2016-2021.
De acuerdo al CEM, a nivel regional, se registraron 3 366 casos de violencia en el año 2018. De enero a la fecha se han registrado 1 678 denuncias por violencia, de ellas 642 son consideradas como moderadas, 417 severas y 618 como leves.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín, insiste constantemente a las municipalidades que aún no emiten la ordenanza municipal, que lo hagan a la brevedad posible.
Las provincias de Moyobamba, Tocache, Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, y San Martín, han cumplico con crear las instancias de concertación, pero esta pendiente la instalación, elaboración de diagnóstico, articulación de plan de trabajo y reglamento. Para lograr la meta a nivel regional, se espera que la provincia de Huallaga emita la ordenanza respectiva.
A nivel provincial Moyobamba cuenta con más ordenanzas municipales, los distritos de Soritor, Habana, Jepelacio, Calzada y Moyobamba cumplieron con crear sus instancias, a excepción del distrito de Yántalo que aun inobserva lo establecido en la Ley N° 30364.
La Defensoría del Pueblo, recuerda que la Ley N° 30364 dispone la obligación de las autoridades locales de crear las instancias que deben estar conformadas por representantes de la Municipalidad Distrital, Policía Nacional del Perú (PNP), rondas campesinas, CEM, Ministerio Público, Poder Judicial, representantes del sector salud y educación, así como organizaciones de la sociedad civil, en ese sentido, se exhorta al Gobierno regional y autoridades locales a realizar trabajos para frenar la violencia y contribuir a un mundo con condiciones de convivencia.