Con información de actividades de carácter profesional u ocupacional, comerciales, relaciones de parentesco.
Moyobamba. El abogado y especialista en Gestión Pública, Adler Oliva Chicana, señaló que el gobierno nacional acaba de aprobar el Decreto de Urgencia 020-2019, publicada en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se estableció la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público con información de actividades de carácter profesional u ocupacional, comerciales, relaciones de parentesco, para hacer público posibles conflictos de intereses y prevenir actos de corrupción.
Dijo que la medida de presentación obligatoria de la declaración jurada de intereses por parte de los servidores civiles, abarca a quienes desempeñan función pública independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren en las entidades de la administración pública, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, de derecho público o privado.
Esta declaración jurada de intereses es un documento de carácter público cuya presentación constituye un requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública. Entre los sujetos obligados a presentar esta declaración están el presidente y vicepresidentes de la República; congresistas y sus asesores; ministros y viceministros, prefectos y subprefectos; así como el presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Precisó el abogado.
Agregó que también abarca a los jueces supremos y superiores y jueces especializados, mixtos y de paz letrados, titulares, provisionales y supernumerarios; Fiscal de la Nación, fiscales supremos, superiores, provinciales y adjuntos, titulares y provisionales, entre otros.
La declaración jurada de intereses debe contener información relevante de los sujetos obligados referida a Información de empresas, sociedades u otras entidades públicas o privadas, en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar; constituida en el país o en el exterior. También sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados por personas naturales o jurídicas, públicos o privados; empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no, entre otros. Explicó Adler Oliva.
Finalmente, Adler Oliva recordó que esta propuesta fue lanzada por su persona durante la campaña electoral del 2018 en calidad de aspirante a Vice Gobernador de San Martín, junto a Walter Grundel; por lo que saludó la aprobación de esta norma ya que es una forma de transparentar la gestión pública en la lucha contra la corrupción, que tanto daño está haciendo al país, especialmente a los más pobres.
Fuente: Diario Amanecer